El delegado del Gobierno ofrece su colaboración a la Junta para hacer cumplir las medidas de aislamiento

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha ofrecido este lunes la "máxima colaboración" a la Consejería de Sanidad y a la Junta de Comunidades para el control del cumplimiento de las medidas de aislamiento que se establezcan para contener la expansión de la COVID-19.

En una rueda de prensa, Tierraseca ha expresado la disposición de la Delegación del Gobierno a mantener "la máxima colaboración" con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y con la autoridad sanitaria competente que es la Consejería de Sanidad y las delegaciones provinciales de este departamento, "con el fin de que entre todas las instituciones se pueda solucionar esta crisis sanitaria".

A preguntas de los medios de comunicación, Tierraseca ha recordado que el pasado jueves se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) una orden en la que se especificaba el procedimiento a llevar a cabo para el cumplimiento de las medidas sanitarias que se pudieran adoptar por parte de la Consejería de Sanidad.

En esta orden se especifica que se trasladarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los datos de las personas que tienen que estar aisladas y no pueden salir de su domicilio.

Y también se establece que en caso de incumplimiento de los mandatos de la autoridad sanitaria habría una comunicación por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades a la autoridad judicial competente, para que dictara una resolución al respecto, ha añadido el delegado del Gobierno.

Tierraseca ha comentado que el procedimiento es claro: la Consejería de Sanidad hace un mandamiento a las personas a las personas que han dado positivo, o que son contactos estrechos y deban estar aislados, en el caso de que se observe un incumplimiento de lo establecido por la autoridad sanitaria se dictará una resolución en la que se determine que esta persona tiene que estar aislada.

Después, en cuanto existiera una ratificación por parte de los tribunales de justicia, intervendrían la Policía o la Guardia Civil, "para que a esa persona se le pueda restringir un derecho fundamental como es la libertad de movimiento", ha aclarado Tierraseca.

Por otra parte, y también a preguntas de los medios de comunicación, Tierraseca ha explicado que ya se han incorporado los 120 rastreadores militares que van a trabajar en Castilla-La Mancha para aumentar la capacidad de rastreo de los contactos de los contagiados con COVID-19 en la comunidad autónoma.