Cáritas también critica a la consejera de Bienestar Social por "recortar derechos a las personas desfavorecidas"

Siguen lloviendo las críticas a la última decisión de la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez. Cáritas Castilla-La Mancha ha puesto ha visto "con asombro y preocupación" que la Consejería publicara el 13 de octubre la resolución por la que el Ingreso Mínimo de Solidaridad y sus solicitudes dejan de tener efecto por la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, después de haber hecho una importante campaña publicitaria del mismo, "dejando fuera a las personas que más lo necesitan, recortando los derechos de las personas empobrecidas".

Según ha informado en nota de prensa, la pandemia producida por el COVID-19 ha agravado las situaciones de muchas de las personas que ya acudían a Cáritas y de otras que se han visto en la necesidad de acudir a esta entidad porque se han quedado sin empleo, no podían alimentar a sus familias, no podían hacer frente a los gastos de la vivienda o sufren otro tipo de pobrezas, como la brecha digital o la violencia familiar.

Con el lema 'La Caridad No Cierra', los agentes de Cáritas han estado y están al lado de las personas que más lo necesitan intensificándose en estos meses la labor de acompañamiento a todas las familias y personas que están en una mayor situación de desprotección, no solo facilitando alimentos y productos de primera necesidad, sino también ofreciendo acompañamiento a las personas sin hogar, a las familias, a los niños, a las mujeres, a los mayores, a las personas que tenido que ir a los centros sanitarios, a las personas en prisión o a los temporeros.

Asimismo, señala que desde comienzo del año 2020 y hasta septiembre se ha incrementado el número de personas que han acudido a Cáritas Castilla-La Mancha, atendiendo a 15.712 familias directamente e indirectamente a 48.000 personas.

"El aumento es significativo, ya que durante el período del estado de alarma (mediados de marzo) y hasta el mes de agosto se habían atendido ya al 70 por ciento de personas acompañadas en 2019", añade.

Del mismo modo, apunta que se han invertido 1.377.965 euros en ayudas directas; fondos que provienen de la generosidad de muchos castellanosmanchegos que han depositado en Cáritas su confianza; socios y donantes, comunidad cristiana, administraciones públicas locales, provinciales y regional, entidades bancarias, empresas y fundaciones.

Crece el número de personas necesitadas

"Este tiempo de crisis ha supuesto un incremento del trabajo de la entidad en todas las provincias, así como de las personas a las que está atendiendo", subraya.

En este sentido, Cáritas Castilla-La Mancha pone de manifiesto la importancia de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, pero observa con "asombro y preocupación" que los datos no inviten a la alegría.

"Sirva como ejemplo que de las familias atendidas en Cáritas han solicitado el IMV 2.195 familias, de esas solicitudes, se han resuelto favorablemente a un 15 por ciento, han sido denegadas un 43 por ciento y están aún pendiente de resolución el 34,5 por ciento de familias, no habiendo cumplido los requisitos un 7,5 por ciento", ha señalado.

A estos suma dificultades, tales como la dificultad para solicitarlas debido a las bajas capacidades y/o formación, ya sea para entender los requisitos, así como el manejo de herramientas online; así como una atención telemática deficiente por parte de la administración.

"En este tiempo de crisis sanitaria está resultando muy difícil la comunicación con sus trabajadores sociales de referencia en cada Ayuntamiento. Por este motivo Cáritas Castilla-La Mancha considera que no se han puesto a disposición de los ciudadanos los medios técnicos oportunos", subraya.

También la menta el retraso en los cobros de las ayudas extraordinarias de COVID que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puso en marcha en el mes de mayo de este mismo año, estableciéndose un plazo de resolución de 15 días, siendo en la práctica de hasta 5 meses.

"Un plazo elevado para las familias con escasos recursos, sirva como ejemplo que de 1.051 solicitudes a esta ayuda de familias con las que se ha trabajado en una de las Cáritas Diocesanas, les contestaron afirmativamente a 89, de manera negativa a 34 y a 928 familias no han recibido ninguna información", añade.

Finalmente, pide a la Administración pública que dé respuestas más ágiles, "ya que cuando responde lo hace tarde y de manera confusa, imponiendo una excesiva carga burocrática y una ausencia de coordinación entre administraciones".

Y subraya el esfuerzo presupuestario que Cáritas ha tenido que hacer para poder dar respuesta a las demandas de ayudas básicas de los miles de personas que está acompañando y atendiendo, siendo las comunidades cristianas quienes han colaborado para ello.