El consejero pone número a los funcionarios contagiados por covid en Castilla-La Mancha

La Junta de Comunidades ha registrado 129 contagios de covid-19 entre funcionarios de Administración General del total de 16.500 empleados públicos de este departamento.

Así lo ha dado a conocer este jueves el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la respuesta a una pregunta oral en el pleno de las Cortes regionales formulada por el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez sobre las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores de la Junta en la tercera ola de la pandemia de coronavirus.

Ruiz Molina se ha mostrado "satisfecho" de estas medidas, "más que de la postura que tiene el PP en relación a la pandemia, en la que priman más los intereses partidistas que los de la ciudadanía", ha dicho.

Sobre todo, Ruiz Molina ha destacado el funcionamiento de los servicios de prevención tanto en Administración General como en Sanidad y Educación, al tiempo que ha destacado que estos mismos servicios han concluido que si se ha producido un número bajo de contagios es precisamente por las medidas adoptadas, además de que los que se han registrado no se han originado en los centros de trabajo sino fuera de ellos.

El titular regional de Hacienda y Administraciones Públicas ha respondido también a una pregunta de la parlamentaria 'popular' Gema Guerrero sobre los motivos por los cuales no se va a instalar la nueva base logística del Ejército de Tierra en Toledo, ante la que ha afirmado que desconoce dichos motivos si bien ha reprochado al PP que si tan interesado está en este tema, no lo impulsara cuando gobernaba.

Por otro lado, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha respondido a hasta tres preguntas del diputado de Ciudadanos (Cs) David Muñoz sobre la aplicación 'Ocio responsable' para el rastreo de posibles contagios en el sector de la hostelería.

Muñoz ha puesto de manifiesto de nuevo que esta aplicación es una "chapuza", a juicio de la formación naranja, y que eso ha llevado al Gobierno regional a retrasar su obligatoriedad además de la oposición de numerosos hosteleros que han presentado firmas en contra de la misma en las Cortes regionales e incluso han acudido ante la Justicia por sentirse "señalados".

El responsable de Sanidad en la región ha defendido que dicha aplicación se creó en un principio para el ocio nocturno y que se han tenido que realizar modificaciones constantemente, que los propios hosteleros se la pidieron al Gobierno regional en una reunión, y que si se ha retrasado su obligatoriedad es para terminar de implementar las capas de seguridad que requiere y porque continúan las conversaciones con el Gobierno de España para una posible extensión de su implantación.