"Ellos se hacen ricos y la mierda nos la quedamos nosotros". Así comienza su discurso Natividad Pérez, una alcaldesa de la provincia de Albacete que lleva más de 15 años luchando contra una macrogranja donde se crían 100.000 cerdos al año. Su pueblo es Balsa de Ves y allí tan solo viven 131 personas. "Tocamos a 763 animales por habitante", cuenta indignada. Una cifra que podría verse ampliada en poco tiempo con la instalación de tres nuevas naves de recría, proyecto que ya ha sido aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin embargo, este municipio no es el único afectado. 

Quintanar del Rey, San Clemente, Pozuelo, La Pueblanueva, Priego, Cañete, Villamalea... Más de medio centenar de pueblos castellano-manchegos se encuentran en pie de guerra contra este tipo de explotaciones. Su mayor preocupación es que se pierda la calidad de vida y que los vecinos emigren a otros lugares. "¿Quién va a querer vivir en un pueblo donde si abres el grifo no puedes beber agua y donde los malos olores asfixian?", pregunta Inmaculada Lozano, portavoz de la plataforma 'CLM Stop Macrogranjas'.

Balsa de Ves, por ejemplo, ha perdido un 40 % de su población desde que se instaló la macrogranja en 2006. "Prometen el oro y el moro, pero una vez que se asientan dan pocas cuentas. Dicen que esto va a ser una fuente de riqueza, que va a generar empleo y que va a aumentar la población, pero no es cierto", ralata Navidad. Según dice, en su pueblo el promotor se comprometió a contratar a las 17 personas desempleadas en aquel momento. Sin embargo, tan solo se crearon cinco puestos de trabajo. 

"No generan riqueza, sino miseria"

"A nosotros la granja solo nos ha traído perjuicios desde que se instaló. Este tipo de industrias no generan riqueza, sino miseria. Y aunque se crearan centenares de empleos, nunca compensaría contaminar el agua que bebemos, la tierra que produce los alimentos y el aire que respiramos", sostiene la alcaldesa. Pero, ¿por qué son tan perjudiciales?

Desde 'CLM Stop Macrogranjas' explican que, aunque los purines sirven de abono, este no se gestiona de la manera adecuada que pide la tierra y acaba en los acuíferos. "El purín se puede utilizar en unas dosis adecuadas según el terreno, el cultivo y la época del año, pero aquí los cerdos cagan todos los días y no es un abono aprovechable, sino un abono del que se quieren deshacer como sea. Estamos viendo que llueve y salen con las cubas para camuflarlo en los charcos o que lo vierten al río", señala Lozano.

La portavoz de la plataforma denuncia que muchas zonas de Castilla-La Mancha ya están catalogadas como vulnerables por el exceso de nitratos que hay en el agua y aun así "ni se valora bien el problema ni hay controles de la contaminación". De hecho, "se siguen aprobando proyectos en estos lugares". 

En cuanto al tipo de poblaciones donde se ubican estas explotaciones, sostiene que todas comparten las mismas peculiaridades. "Son municipios pequeños, con población envejecida que no se puede defender, con técnicos municipales que no están muy puestos al día y con alcaldes que no son políticos de profesión, por lo que tampoco tienen mucha idea sobre el tema", dice. Además, señala que "los promotores buscan estar en la frontera de dos pueblos para perjudicar lo menos posible al que les tiene que dar la licencia, aunque al de al lado le condenen a la ruina".

La lucha de Quintanar del Rey (Cuenca)

Una situación de estas características está viviendo Quintanar del Rey (Cuenca), un pueblo de 8.000 habitantes que no deja de movilizarse para paralizar la construcción de una macrogranja de cerdos en Villanueva de la Jara -municipio vecino- ubicada a tan solo 350 metros de su pozo de agua potable. 

"Sabemos que con cualquier filtración accidental, por mínima que fuese, el acuífero se contaminaría", señala con preocupación Martín Cebrián, alcalde de Quintanar. Se estima que esta granja criaría a más de 44.000 lechones al año, lo que se traduce en 12 millones de litros de agua consumidos y 39 millones de litros de purines. Una cantidad que, según denuncian los vecinos, podría perjudicar a sus aguas.

"Yo he visitado Balsa de Ves y es inhumano estar ahí. Si queremos ese tipo de explotaciones en Castilla-La Mancha, igual tendremos que emigrar a otras comunidades los ciudadanos de aquí, pero no creo que queramos eso para la región", sostiene Cebrián, que pide una regulación de inmediato. 

De momento, el pueblo ha conseguido que se suspenda por segunda vez el proyecto y que se analice si es compatible con la salud de las personas y con la protección del medio ambiente. No obstante, los vecinos desean que esta paralización sea definitiva. "No sé qué pasará al final, pero mientras yo siga siendo alcalde de Quintanar no voy a parar de luchar para que este tipo de instalaciones no estén aquí", reitera.

Desde EL DIGITAL también hemos intentado contactar la alcaldesa de la Villanueva de la Jara, Mercedes Herreras. Sin embargo, ha declinado el ofrecimiento realizado por este medio de comunicación para conocer su versión de los hechos.

Piden una moratoria urgente

Las plataformas vecinales de la región llevan tiempo preocupadas por el 'boom' de las macrogranjas y consideran que la situación no da para más. O se pone en marcha una solución urgente o los daños pueden ser irreparables. Por ello, demandan al Ejecutivo autonómico una moratoria que ponga freno a estos proyectos mientras se analiza el impacto medio ambiental que están teniendo en cada municipio.

"Tienen que estudiar el conjunto de granjas y los problemas que generan todas ellas, no analizarlas por separado", resalta Dolores López, tesorera de la Asociación 'Pueblos Vivos Cuenca'. "Hasta ahora cada explotación se ha valorado individualmente, pero si en un municipio hay varias, aunque estén separadas por un kilómetro de distancia, el impacto no es el mismo", explica.

Cabe recordar que la normativa española no permite construir estas granjas a menos de dos kilómetros del casco urbano y que, además, deben estar separadas unas de otras por un kilómetro como mínimo. No obstante, desde 'Pueblos Vivos Cuenca' y 'CLM Stop Macrogranjas' critican que la Junta, al margen de este precepto, no tenga en cuenta los impactos en la salud ni en la economía de la zona a la hora de otorgar las licencias. 

"Nos sentimos impotentes porque vemos que la Junta no hace nada. No se dan cuenta de que si no nos garantizan un agua limpia y una calidad de vida, la gente se va a ir. Yo quiero que mis hijos tengan un pueblo con futuro y que puedan beber agua del grifo. ¿Cómo están permitiendo esto por muy bien que le vaya al sector? ¿A costa de cuántos vecinos y de cuantos futuros? Lo único que hacen es que dos o tres se llenen los bolsillos", denuncia la portavoz de 'CLM Stop Macrogranjas'.

Esta misma visión también la comparte la alcaldesa de Balsa de Ves, Natividad, que considera que "hay una desidia a la hora de formular políticas de desarrollo rural". "Las leyes no se pueden hacer desde los despachos y con total desconocimiento del medio rural. El Gobierno lo ve como una oportunidad y como un sector estratégico, pero no conocen las repercusiones que tiene", señala.

Los productores aseguran que se cumple la normativa

Por su parte, el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), Miguel Ángel Higuera, asegura que todas las instalaciones cumplen al 100 % con la normativa. Además, resalta que el empleo es "clave y matemático", ya que estas granjas "necesitan como mínimo entre 12 y 13 trabajadores".

"Estamos un poco preocupados porque no se llega a entender lo que es una granja y se confunden constantemente términos con el objetivo de dañar la imagen del sector. Una de las cosas con las que más atacan es con el nombre de «macrogranja». Se les llena la boca con esa palabra", critica Higuera. Sin embargo, destaca que España es el único país del mundo que tiene limitado el tamaño máximo de las granjas, que son "cuatro o seis veces más grandes" en otros lugares de Europa. 

Respecto a la contaminación que supuestamente generan estas explotaciones, el director de la Asociación explica que, al ser "totalmente herméticas", "no perjudican en nada al campo". En cuanto a los purines, afirma que su gestión está "correctamente controlada, contabilizada y limitada". "Para poder tener una granja tienes que demostrar que tienes un plan de gestión de purines, que debe ser actualizado anualmente. Somos conscientes de que uno de los posibles problemas de contaminación es una sobrenitrificacion de los suelos, pero no es responsabilidad nuestra", señala.

Según cuenta Higuera, antes de empezar a construir una granja "hay que aprobar todo el expediente", algo que tarda entre dos y tres años. "Tenemos que saber que el proyecto está totalmente bendecido y que es correcto antes de empezar a mover cualquier cosa dentro del suelo. Además, antes de que se nos otorgue la licencia para poder introducir a los animales tiene que venir la autoridad competente a inspeccionar las instalaciones vacías para saber que hemos cumplido", indica.

Desde ANPROGAPOR defienden que se les permita desarrollar su negocio siempre y cuando se cumplan con todos los controles. "Todo el mundo tiene derecho a emprender y no se pueden limitar las libertades personales. Está fuera de lugar", dice el director, que sostiene que "mucha gente todavía no sabe qué es una granja del siglo XXI y todos los requisitos medioambientales que tiene que cumplir".