El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que el Gobierno regional aprobará una normativa con rango de ley que fijará una moratoria para la instalación de macrogranjas en la región, "de ahora en adelante" y "sin un tiempo definido", mientras se aborda un "debate sereno" sobre la nueva regulación.
Así lo ha anunciado, en su discurso en el acto de inauguración del nuevo Centro de Salud de la localidad albaceteña de Cenizate, y tras haber saludado a los integrantes de la plataforma contra la instalación de una macrogranja en esta propia localidad, como él mismo lo ha explicado en su intervención.
Ha incidido en que la moratoria afectará "a las nuevas solicitudes que lleguen" y ha destacado que "marcará un antes y un después para que, entre todos, se establezca un debate sereno sobre la normativa que debe compatibilizar un sector importante en esta región con las normas de sostenibilidad ambiental que deben presidir ya todos los debates".
Ha reconocido que, en este asunto, "hay contradicción de intereses, hay problemas" y ha subrayado que el objetivo de la moratoria es "hacer un paréntesis para poder establecer un diálogo sereno con todos y poder tomar decisiones".
El presidente castellanomanchego ha detallado que la normativa tendrá rango de ley y se fijará la moratoria para que no se puedan establecer proyectos, de ahora en adelante, "hasta que haya una normativa estatal y regional".
Mensaje a los "salvapueblos"
De igula modo, ha reivindicado el trabajo de su Gobierno en la región como administración que más trabaja por el mundo rural y contra la despoblación, defensa erigida ante "modas al olor de las sardinas" de plataformas por la España vaciada.
Tras hablar de aquellos que puedan valorar la despoblación como "una oportunidad política", en esta tierra "no va a haber nunca ninguna organización, ninguna institución, ningún Gobierno que luche más por la población en todo su territorio y por el mundo rural".
Hoy, que hay "mucho salvapueblos por la vida apuntándose al carro del despoblamiento pensando que puede sacar provecho del agua revuelta de un país donde cuesta la inestabilidad", hay ejemplos como el de Cenizate.
Asaja acudirá a los juzgados
Tras anunciarse la moratoria, las asociaciones Pueblos Vivos Cuenca y Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha han mostrado su apoyo a la decisión del Gobierno regional, mientras que Asaja Cuenca ha opuesto su rechazo a tal decisión.
En primer lugar, Pueblos Vivos Cuenca y Stop Macrogranajas Castilla-La Mancha han destacado que, tras cuatro años de lucha, las plataformas vecinales unidas en la Asociación dan la bienvenida al "cambio de actitud" de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero a la vez han mostrado "cautela y prudencia". "No queremos que este anuncio sea solo una medida electoralista al quedar menos de año y medio para los próximos comicios regionales y locales y que la moratoria a las macrogranjas expire después", han alertado en sendas nota de prensa.
Más allá de la moratoria, este anuncio es para ellos "insuficiente". Respecto a las explotaciones de ganadería industrial ya existentes, reclaman al Gobierno regional que dejen de regularizarse o ampliarse mediante el procedimiento administrativo simplificado denominado modificación no sustancial y un mayor control de sus importantes impactos ambientales, "reconocidos en el propio discurso del presidente García-Page". "Exigimos un refuerzo en la inspección y sanciones para las infracciones que sabemos que se cometen, como son los vertidos incontrolados de purines, los aumentos de la capacidad de las explotaciones por encima de lo acordado o las deficiencias en el trato animal", han apuntado.
Por su parte, desde Asaja Cuenca, encabezada por su sectorial de Porcino, han rechazado "frontalmente" esta decisión tomada "de forma unilateral" para prohibir nuevas explotaciones de granjas de porcino y consideran esta medida como "un nuevo ataque al sector primario y al desarrollo del mundo rural", anunciando "acciones legales" contra esta decisión y avanzando que acudirán a los tribunales "para defender los derechos del sector". "No vamos a renunciar porque tenemos la Ley de nuestra parte y defenderemos nuestros derechos en los despachos y en la calle", han informado desde la organización agraria en nota de prensa.