Recurso contra la oferta de empleo de Castilla-La Mancha porque faltan 77 plazas en educación

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) ha recurrido la oferta de empleo público de 2021 de la Junta de Comunidades porque fue aprobada con una tasa de reposición del cien por cien y según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Educación debía ser del 110 %.

En nota de prensa, la organización sindical ha explicado que esto supone que las 77 personas opositoras que queden a la puerta de ser seleccionadas funcionarias en prácticas no lo serán por un incumplimiento de la jerarquía normativa, por lo que ha decidido acudir a los tribunales para que se restablezca esta situación.

De esta manera, ha indicado que el Gobierno regional tenía la obligación de realizar una oferta de empleo público del 110 % en educación, de manera que a los 773 puestos de trabajo calculados, habría que sumar otros 77 del 10 % restante.

Asimismo, ha apuntado que, además de lo que establecen los PGE, el Ejecutivo autonómico ha incumplido también el acuerdo marco que prevé la adopción de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de nombramientos temporales.

Nulidad del acuerdo

Por ello, STE ha reclamado la nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha por el que se aprueba la oferta de empleo público del personal funcionario y laboral de Administración General y del personal funcionario no docente no universitario de la Junta de Comunidades para 2021, y que se ajuste a los PGE y aumente la creación de puestos de trabajo estables en Educación.

Además, ha precisado que los representantes de la Administración han manifestado en las diferentes mesas que no se podía ir al 110 % de tasa de reposición porque el próximo curso habrá 100 unidades o aulas menos, por lo que habría problemas en asignar plazas a los funcionarios en prácticas.

Ante esta situación, el sindicato ha lamentado que a pesar de tener "argumentos jurídicos y sindicales sólidos", su criterio ha sido "ignorado" en las mesas de negociación y ha tenido que recurrir a la vía judicial, cuya sentencia llegará años después de las inminentes oposiciones, si bien no las paraliza.