Convocan a García-Page una protesta contra el "maltrato" a los empleados públicos

El sindicato CSIF se concentrará el próximo jueves, 28 de abril, en el Palacio de Fuensalida en Toledo para denunciar ante la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha el "abandono y el maltrato a los empleados públicos".

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, ha explicado en rueda de prensa que este colectivo tiene "sus derechos congelados desde 2012", las "plantillas son deficitarias" y sufren "una pérdida del poder adquisitivo que supera el 22% desde 2010".

"La mayoría absoluta se está usando como un rodillo, no se gobierna para todos, CSIF reclama al Gobierno regional medidas contundentes para acabar con la siniestralidad de la empresa privada, para acabar con tanto empleo precario estacional y para combatir el desempleo", ha aseverado Retamosa.

En cuanto a la carrera profesional, ha reclamado que se recupere para los sanitarios, que la tienen "suspendida desde 2012", una realidad que "tanto criticó el presidente regional, Emiliano García-Page", y que tiene "que ser igual para todos los colectivos".

Altos cargos y asesores

Además, reclaman a la Junta "que adelgace la estructura de altos cargos y asesores" porque, "con la que está cayendo, esto no se puede mantener". El sindicato ha cifrado en 137 los altos cargos de la Junta, "que se han duplicado en estos cinco últimos años", con un coste de "más de 9 millones de salarios", así como más de cien asesores en la región, cuyo sueldo oscila "entre 50.000 y 68.000 euros al año".

Asimismo, CSIF ha reclamado que se abran cauces de negociación porque las mejoras obtenidas en empleo público se remontan al año 2017 y 2018 con un acuerdo firmado con el exministro Cristóbal Montoro, al tiempo que han señalado que el último acuerdo en materia de función pública en la región se logró en 2016.

"Llevamos sin reunirnos tres años con el consejero -de Hacienda y Administraciones Públicas-", se ha quejado Retamosa, puntualizando que sí se han producido reuniones con cargos de la Junta vinculado a la Dirección General de Función Pública, pero por cuestiones relativas a modificación de puestos de trabajo en la plantilla de la Administración autonómica.

Ley de empleo público

De su parte, la vicepresidenta de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Ortiz, ha criticado que la ley de empleo público de la Comunidad autónoma de 2011 no se ha desarrollado, ya que no permite al empleado público ascender de puesto si no es porque vaya a cubrir una jubilación o porque esté vinculado al partido político que está gobernando.

Ortiz ha recordado que la ley de medidas complementarias de 2011 si recoge el derecho a poder ascender "a los funcionarios que se metan en política", porque si se les nombra altos cargos pueden llegar al "tope de la carrera profesional", mientras que "el resto no va a poder ascender jamás".

Además, ha aludido a que "desde la negociación durísima del teletrabajo" no ha habido ninguna más en este ámbito, la cual, ha afirmado, cuenta con un "desarrollo muy desigual" en la Administración regional, ya que "la mayor parte" de las solicitudes tienen un informe "desfavorable" por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.