El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, se ha plantado contra el proyecto de Ley de Bienestar Animal aprobado recientemente por el Consejo de Ministros tras ser desarrollado por el ala de Podemos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, concretamente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, comandado por la líder de la formación morada, Ione Belarra. 

El texto, según explicó la propia ministra, llega para luchar contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de los animales, una aspiración previa demandada unánimemente por el Congreso de los Diputados, a excepción de Vox, y que comparte al cien por cien el Gobierno castellano-manchego.

Sin embargo, desde Toledo se considera que el proyecto legal ha nacido con graves defectos competenciales y de financiación, además de haber sido concebido "desde una mentalidad urbanita", en palabras del propio García-Page, y "sin conocer la realidad del medio rural", según dijo su vicepresidente José Luis Martínez Guijarro.

Preocupación

A la administración castellano-manchega le preocupa hondamente las consecuencias que esta nueva ley de protección animal podría suponer en la región, teniendo en cuenta que es una potencia cinegética y que casi la mitad de la población de Castilla-La Mancha recibe en zonas agrarias. "Los perros de caza no son mascotas y, por lo tanto, no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal", ha defendido Martínez Guijarro, por ejemplo.

Precisamente, el propio Martínez Guijarro es el firmante de un duro documento de alegaciones al proyecto de ley que, con 16 páginas sin desperdicio, el Gobierno de Emiliano García-Page remitió la pasada semana a Rubén Baz, secretario general técnico del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha promovido el texto legal cumpliendo con uno de los compromisos de legislatura de Podemos y que la propia Ione Belarra denunció que había sido bloqueado durante meses por Moncloa.

En el escrito de alegaciones, Castilla-La Mancha comienza asegurando que la Comunidad Autónoma es una "firme defensora de todas las manifestaciones de progreso moral que supone defender la obligación de respetar a todas las criaturas vivas", pero muestra su malestar por el hecho de que el proyecto de ley estatal califique las normativas autonómicas vigentes en materia de protección animal como "una amalgama de disposiciones inconexas". "A nuestro juicio no puede clasificarse de esta manera, toda vez que la aplicación de esta normativa durante más de veinte años ha sido reconocida, adecuada y eficaz, tanto por la jurisprudencia como por la sociedad civil", asegura Martínez Guijarro.

Invasión competencial y financiación

El vicepresidente castellano-manchego recuerda además que tanto el Tratado de la Unión Europea como la doctrina del Tribunal Constitucional reconocen "a la Comunidad Autónoma las competencias en el marco de la protección de los animales, competencia implícita en la materia de agricultura y ganadería", considerando que el anteproyecto se solaparía con las mismas al excederse en sus planteamientos, que deberían limitarse a establecer unos mínimos comunes en todas las regiones de España.

"Parece excesivo el contenido de la norma -que consta de 90 artículos- en materia de bienestar animal, toda vez que regula un ámbito de concurrencia competencial legislativa, con títulos habilitantes reconocidos a las Comunidades Autónomas para promulgar y ejecutar políticas publicas en esta materia", puede leerse en el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

El Ejecutivo castellano-manchego considera también que, pese a que una de las disposiciones del proyecto de ley incluye que "las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal", el resto del texto contradice dicho precepto. 

En ese sentido, el equipo de García-Page pone el foco en la puesta en marcha de un nuevo Registro Único nacional vinculado al bienestar animal o en la obligatoriedad de que todos los municipios de más de 5.000 habitantes cuenten con un centro para el control de las colonias felinas. "No se especifica el reconocimiento de coste efectivo del servicio para consolidar la financiación por parte de las Comunidades Autónomas, provocando con ello la financiación con ingresos propios y el consiguiente incremento tributario para la ciudadanía", se advierte desde Castilla-La Mancha, que también recuerda al Ministerio de Ione Belarra que la financiación mediante convocatoria de subvenciones, tal y como pretende, "no forma parte del coste efectivo de un servicio como modelo de financiación de la Comunidad Autónoma". 

Finalmente, el Gobierno castellano-manchego rechaza de plano que todos los perros y gatos, como reza en el proyecto de ley, sean considerados animales de compañía. "Tanto los perros de caza como los de pastoreo o vigilancia necesitan salir de cachorros con otros perros para aprender y esto seria imposible en la forma prevista en el anteproyecto, que impone una edad mínima para el trabajo, un tiempo máximo de contacto con el propietario e incluso una edad de jubilación", alega Castilla-La Mancha.