La presión de Castilla-La Mancha consigue "novedades legales" contra la okupación en España

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, sigue adelante con su estrategia de presión tratando de que el Gobierno de Pedro Sánchez modifique las leyes para poder actuar con más dureza contra la okupación ilegal. "Si pasara por nosotros, a lo mejor estábamos tapiando de oficio las viviendas desocupadas para que no haya okupaciones ilegales", ha llegado a decir el dirigente socialista castellano-manchego durante la inauguración de un centro educativo en Yuncos (Toledo). 

García-Page ha asegurado que va "insistir" a Sánchez sobre esta cuestión en cuanto tenga ocasión de coincidir personalmente con él, advirtiendo además de que "si no nos hacen caso, nos van a escuchar más". Pese a todo, el presidente castellano-manchego ha agradecido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se haya "tomado en serio" la preocupación de Castilla-La Mancha en este sentido y que se haya "comprometido" a poner en marcha próximamente "iniciativas que faciliten la labor de los ayuntamientos y que den algo de respuesta" contra la okupación ilegal.

"No hay milagros, pero no se puede estar impasible", ha finalizado García-Page, que ha avanzado "novedades legales en próximas fechas", de las que no ha ofrecido más detalles puesto que los acuerdos alcanzados con el Gobierno de España todavía están "en el horno" y "no son públicos". 

El presidente de la Junta ha puesto a Yuncos y a la comarca toledana de La Sagra como ejemplo de la necesidad que existe en estos pueblos de un "auxilio especial" a este respecto, ya que llega gente de distintas nacionalidades y poblaciones jóvenes que se desarraigan y, todo ello, provoca "un contraste social muy diferente".

A su modo de ver, "lo que no puede seguir pasando es que haya alcaldes que están reivindicando, incluso recibiendo amenazas, y estar como si no pasara nada", ha concluido. 

Propuesta de ley

El 17 de diciembre de 2020 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron con el apoyo del PSOE y de Cs, además de la abstención del PP, la Proposición de Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas, cuya tramitación en el Congreso de los Diputados sigue en stand by. La intención del Parlamento castellano-manchego era marcar el camino, a nivel nacional, para dotar a las administraciones de instrumentos efectivos contra las mafias de la okupación.

Durante el año 2021 se okuparon en Castilla-La Mancha 753 viviendas, lo que supuso un incremento del 29,15 por ciento con respecto al ejercicio de 2019, el año de referencia estadística ya que 2020 estuvo marcado por las restricciones de la pandemia.