La sedición y la malversación llevan a García-Page a enfriar la precampaña

Las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez están poniendo en una tesitura complicada a muchos de sus barones autonómicos. La rebaja del delito de sedición o la negociación para que la malversación lleve el mismo camino pueden jugar un papel fundamental en la eleciones autonómicas del próximo mes de mayo. Y eso no le es ajeno a Emiliano García-Page, el dirigente autonómico socialista más díscolo con la política de Moncloa. En esta línea, este jueves ha reconocido a Carlos Herrera en la Cadena Cope algo que por otra parte parece obvio, que los tiempos políticos no invitan a que oficialice su candidatura a revalidar el que sería su tercer mandato al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

García-Page ha reconocido que no dará el paso hasta que el clima poítico no dicte que "toca debatir en clave electoral" y hasta que llegue ese momento, asegura que seguirá manteniendo su perfil presidencialista pese a no esconder que tiene "muchas ganas e ilusión".  

"Cuando el país está como está, a los que nos gusta la política vocacionalmente desde niños, en estos momentos no podemos quedarnos aparte", ha apostillado.

Advertencia por la ley del 'solo sí es sí' 

A estos dos prebendas del Gobierno de Sánchez a los nacionalistas, hay que sumar el nuevo frente político que ha estallado esta semana, las rebajas de condena por la ley del 'solo sí es sí' impulsada por Irene Montero.

Sobre este asunto, al que García-Page se refería este miércoles pidiendo una reforma "urgente" para proteger a las mujeres, desvelaba que su Gobierno ya advirtió de las "dudas" que les planteaba el asunto de la retroactividad de las penas.

Por eso, a través del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha plantearon alegaciones ante la "confusión" que percibían en cuanto a "la posibilidad de la reatroactividad en esta materia penal de las sentencias ya emitidas". 

García-Page no ha perdido la ocasión para referirse a las últimas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien aducía que el problema principal radica en la aplicación de la norma por parte de la "derecha judicial golpista que defiende a los violadores".

Estas afirmaciones han sido catalogadas por el presidente castellano-manchego como "muy simplistas y muy malas", basadas en generalizaciones que "no son propias" de un ministro. 

"No puedes estar instalado en una especie de soberbia intelectual que necesita todo el día, para autoafirmarte, cavar una trinchera", ha apuntado, al tiempo que ha opinado que a la ministra se la debe "exigir una rectificación" y también "un poquito de humildad".

En la misma línea, la portavoz del Gobierno y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha asegurado que "de nada le vale a ninguna víctima que un responsable político haga declaraciones gruesas", en declaraciones reproducidas por Efe.

En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico no comparte las declaraciones de la ministra contra la judicatura, porque según ha reflexionado "si no hubiera una puerta abierta en la ley sería imposible abrirla".