El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este martes al proyecto de Ley de Atención Temprana, que contempla un nuevo modelo con más servicios, centros y profesionales y que busca atender a los niños con necesidades de aprendizaje en su entorno más cercano mediante el desplazamiento de los especialistas a sus casas.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha explicado que el proyecto de ley, que será remitido a las Cortes para su tramitación y aprobación definitiva, garantiza el derecho a una atención temprana universal, gratuita y pública.
Según ha indicado, con esta nueva medida se busca que no haya listas de espera en la atención de los niños hasta los seis años y la citada ampliación de servicios y recursos servirá para que cada niño reciba atención allá donde se encuentre.
Apoyo de entidades sociales
García Torijano ha señalado que para la redacción del proyecto de ley han contado con el apoyo de las entidades sociales de la discapacidad y ha destacado que con esta nueva norma la calidad de la atención será "cada vez mejor".
Asimismo, la consejera ha señalado que también se hace "un esfuerzo en prevención", ya que cada euro que se invierte en atención temprana revierte en siete euros a lo largo de la vida de cada niño.
Los beneficiarios de la ley son las familias con niños con necesidades especiales o dificultad en el aprendizaje, bien desde el nacimiento o de forma transitoria, y se calcula que se llegará a los 10.000 personas el año próximo, lo que supone un aumento del 80 % respecto a las 3.951 familias que eran atendidas en 2015.
El presupuesto este año ha sido de 10 millones de euros y se va a llegar a los 13 millones en el próximo ejercicio y las 10.000 familias atendidas con alguno de los más de 60 servicios existentes que se prestan de forma ágil y sin lista de espera, ha indicado la consejera.
Atención de la discapacidad
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una convocatoria de subvenciones a entidades locales para recursos y servicios de atención de la discapacidad, por un importe total de 6,9 millones de euros, 128.000 euros más que la convocatoria anterior.
Se ofrece así a los ayuntamientos que puedan solicitar las ayudas para mantener y reforzar servicios públicos para personas con discapacidad como viviendas de apoyo, residencias, centros de día, centros ocupacionales o centros de atención temprana.