La batalla del agua abre un nuevo frente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que ha llevado al Tribunal Supremo el Plan Hidrológico del Tajo 2023-2027 por considerar que "boicotea el sistema de abastecimiento de agua" a su región. Este plan, aprobado hace casi un año por el Consejo de Ministros, fue considerado como "histórico" por el Gobierno de Castilla-La Mancha al recoger, entre otros puntos, la fijación progresiva de un caudal ecológico. Precisamente, la nulidad de estos caudales ecológicos es uno de los puntos recogidos en la demanda de la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña ha anunciado el paso dado por su Gobierno durante un acto convocado por el Círculo de Navarra, donde  ha llegado a decir que la "obsesión" de Sánchez por Madrid "no tiene límites" y ahora pretende que "la región se muera de sed", como recoge Europa Press.

Más allá de estas acusaciones, Díaz Ayuso ha argumentado su decisión en el "cambio radical" de las reglas del nuevo Plan Hidrológico que encierra "impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños" e impide "cumplir los requisitos de depuración" y "obstaculiza la planificación".

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"Pretende que el agua de los madrileños dependa de unos permisos que ellos mismos autorizarían o denegarían mes a mes, arruinando cualquier capacidad de planificación", ha señalado, al tiempo que ha indicado que el Gobierno "ha rechazado la inmensa mayoría de las alegaciones del Canal de Isabel II".

Fuentes próximas a Isabel Díaz Ayuso a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM han denunciado el uso que a su juicio hace el presidente del Gobierno central del agua como "arma política para asediar a la capital de España". En este sentido, coinciden con la presidenta madrileña en señalar que el nuevo plan "boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid, que es el mayor de España y uno de los mejores del mundo".

Nulidad de los caudales ecológicos

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Canal de Isabel II solicita la nulidad del apartado relativo al régimen de los caudales ecológicos; el que sujeta a autorización administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Tajo la realización de movilizaciones de agua entre embalses de diferentes sistemas de explotación de la Demarcación; y el relativo a los vertidos de aguas residuales.

En lo relativo a la regulación de los caudales ecológicos, se expone que se fijan los valores pero "se hace de forma absolutamente injustificada y sin tomar en consideración la singularidad de las masas de agua a las que afectan".

"Pese a que el artículo 10 se refiera a los estudios realizados, ningún estudio o documento obrante en el expediente justifica el porqué de los valores asignados. Ni el texto del Plan ni su memoria, ni ningún otro documento justifican estos extremos", agrega el texto.

Otro de los puntos que afecta directamente a Castilla-La Mancha es el que tiene que ver con la reutilización del agua. En cuanto a los vertidos de aguas residuales, expone que los nuevos criterios obliga al Canal a acometer una obra de 13,3 millones de euros para cumplir con los límites de vertido del Real Decreto 509/1996, pero que, "por mor de la revisión del Plan del Tajo, será una obra abocada al fracaso por incumplidora al no poder cumplir con el límite de 4,1 mg/l establecido en el nuevo Apéndice".

Señala que lo que implica este nuevo Apéndice 14.2 es que, si una masa de agua no alcanza los objetivos ambientales, a las depuradoras que vierten a esa masa se las obliga a que viertan con mejor calidad.

"El problema está en que ese cambio de calidad no se puede conseguir de forma automática, sencilla o inmediata, no es como apretar un botón. La depuración es un proceso industrial muy complejo que requiere de obras de adaptación que permitan conciliar objetivos a conseguir con capacidades de tratamiento de cada instalación", subraya.

Castilla-La Mancha celebró este plan "histórico"

Una visión muy diferente a la que se tiene del Plan Hidrológico del río Tajo desde Castilla-La Mancha. Cuando el pasado mes de enero el Consejo de Ministros dio luz verde a una norma que por primera vez recogía unos caudales mínimos para el río recogiendo así las sentencias emitidas en esta dirección por el Tribunal Supremo, tanto desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como desde los ayuntamientos afectados, se tildó el momento de "histórico". 

Aquel día, el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page celebraba que se hubiese terminado con "una humillación histórica al río Tajo y a las tierras que baña".

Además de la fijación de unos caudales mínimos que entrarán en vigor de manera progresiva y escalonada, el documento recoge otras actuaciones en materia de desalinización y reutilización de agua para apostar por una "gestión integral" y moderna de los recursos hídricos, según explicaba la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La Junta ve "razonable" la postura de Ayuso

Una vez conocido el paso dado por la Comunidad de Madrid, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado que la postura de Isabel Díaz Ayuso es "razonable" porque defiende el "agua del Tajo para sus habitantes", una posición que comparte el Ejecutivo castellanomanchego.

"Es razonable que Madrid defienda el agua del Tajo para sus habitantes. Nosotros lo compartimos y defendemos; tiene que haber agua del Tajo para la Comunidad de Madrid, por supuesto para Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal", ha señalado Caballero en unas declaraciones recogidas por Efe.

"A priori, nos parece bien que se plantee ese recurso", ha reconocido Caballero en una rueda de prensa en Albacete sobre asuntos provinciales, donde ha puntualizado que "de lo que se trata es de que estemos de acuerdo en trabajar juntos por que se aminore el agua que se va por el trasvase Tajo-Segura para Levante".

Para Caballero, "es imprescindible que los embalses de cabecera se encuentren en buenas condiciones y, para ello, que disminuya la cantidad de agua en el trasvase", ha dicho Caballero, que ha recordado que el agua del Tajo abastece a población de tres comunidades autónomas y de Portugal. 

Desde el partido de Ayuso en Castilla-La Mancha hacen una lectura similar argumentando que la presidenta madrileña "hace su labor, que es defender los intereses de la Comunidad de Madrid".

Preguntada este lunes por esta cuestión, la diputada del PP en la Cortes de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, ha sostenido que Ayuso "hace su labor" y ha considerado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "debería defender los intereses de Castilla-La Mancha, que es algo que se le olvida".

La diputada 'popular' ha señalado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, "ya ha denunciado hace tiempo que los planes de cuenca no garantizan ni aseguran más agua para los agricultores" de la región, pues ha lamentado que el plan del Tajo "hace que el agua pase y se vaya a Portugal, para que sean ellos quienes la aprovechen".

Así, ha incidido en que el PP ya ha puesto sobre la mesa con anterioridad que el plan del Tajo "no es bueno para esta tierra" y ha puesto "deberes al Gobierno de Castilla-La Mancha", para que el agua del Tajo "se quede en la región, para los agricultores de la región".