El PP calcula que Castilla-La Mancha perdería 238 millones al año si se aprueba el cupo catalán

Si sale adelante el cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC, que permitió al socialista Salvador Illa convertirse en presidente de la Generalitat, Castilla-La Mancha perdería 238 millones de euros anuales del actual sistema de financiación autonómica, lo que acarrearía una reducción del 14 % de los fondos que percibe hoy por hoy del Estado.

Así lo asegura el economista albaceteño Santiago Sánchez López, que es asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, tras analizar los últimos datos disponibles, los del año 2022, cuando Castilla-La Mancha recibió 1.656 millones de euros correspondientes a la liquidación del Fondo de Garantía "a efectos de nivelación y en función de criterios como la población, superficie, dispersión, población protegida, población mayor de 65 años, etc.".

En una carta abierta dirigida a los medios de comunicación, el especialista que la salida de Cataluña del modelo común de financiación autonómica "implicaría la pérdida para el Estado de todos sus ingresos tributarios, casi 30.000 millones de euros, y Castilla-La Mancha sufriría una pérdida de más de 238 millones, un 14% menos de recursos, lo que penalizaría los servicios públicos".

Un desafío "trascendental"

Una situación que, a juicio de Sánchez López, coloca a Castilla-La Mancha "frente al desafío más trascendental de su historia reciente" debido al "extraordinario impacto" que podría tener sobre la economía regional el cupo catalán. 

Una vez que Cataluña quede fuera del sistema general de la financiación autonómica, si el Estado pretende "mantener la nivelación territorial" y "sostener niveles similares en servicios fundamentales para los ciudadanos" en todas las regiones, advierte el economista del PP, las alternativas que tendría -siempre según sus tesis- serían "aportar más recursos al sistema, subiendo los impuestos a los ciudadanos del resto de territorios; practicar un importante ajuste del gasto (algo incompatible con el Gobierno más despilfarrador de la democracia); o incrementar la deuda pública, algo que con la recuperación de las reglas fiscales parece improbable".

Santiago Sánchez López señala que "si algo resulta difícil es poner de acuerdo a los economistas y, sin embargo, todos coincidimos en que las grandes perjudicadas serán las comunidades autónomas infrafinanciadas: Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha". "Es incomprensible que el PSOE también rompa con el principio de equidad, permitiendo diferencias arbitrarias en el reparto de recursos entre las comunidades autónomas y con el principio de suficiencia, al impedir que las regiones cubran sus necesidades de gasto esenciales", añade el asesor albaceteño del Grupo Parlamentario Popular.

Una "deriva confederal"

"Estamos ante el inicio incierto de una deriva confederal asimétrica en la estructura del Estado, con consecuencias devastadoras para la cohesión social y territorial", advierte antes de finalizar recordando que, a su juicio, "España necesita un nuevo modelo de financiación basado en la multilateralidad y la equidad, que garantice un fondo de nivelación de 3.000 millones de euros anuales para las comunidades infrafinanciadas mientras se negocia un nuevo sistema que responda a las necesidades y aspiraciones de todas las regiones y, sobre todo, de sus ciudadanos".

La pasada semana, la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el acuerdo entre el PSC y ERC en Cataluña para investir a Salvador Illa "ni es un concierto económico ni es una reforma del modelo de financiación". 

"Lo podemos llamar como queramos, pero la única experiencia de nuestro país de concierto es el vasco y el navarro", aseveró Montero, insistiendo en que la solidaridad es el "eje" del acuerdo con los independentistas, al que se refirió como una "financiación singular".

Sin embargo, pese a que la ministra aseguró también que "va a ser bueno para el conjunto del Estado español", el acuerdo fiscal con Cataluña no convence ni siquiera dentro del PSOE, donde distintas federaciones autonómicas ya han mostrado públicamente sus recelos y han pedido más información. El propio presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, compareció el pasado 31 de julio para plantarse frontalmente. 

"Mi partido no puede apoyar el pacto con ERC en el Congreso", afirmó en una durísima intervención en la que calificó el concierto económico con Cataluña como "obsceno, bochornoso y grosero". "Es un ejemplo de egoísmo y desprecio al resto de España más grave que he visto en muchísimo tiempo", añadió.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha y líder de la oposición, Paco Núñez, ha recogido el guante y ha propuesto la celebración de un pleno monográfico en las Cortes regionales para mostrar "todos juntos y unidos" que "estamos en contra de los privilegios para los independentistas y a favor de España y de Castilla-La Mancha". Una solicitud que todavía no ha obtenido respuesta.