La Junta se persona en las causas del crimen machista en Aldea del Rey y las pintadas homófobas de Ugena

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha avanzado este miércoles que la Junta de Comunidades se personará como acusación popular en la causa por el asesinato machista de Cándida, ocurrido en el municipio de Aldea del Rey (Ciudad Real) a manos de su pareja el pasado mes de febrero.

También hará lo mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha en la causa abierta por las pintadas homófobas contra un docente en un IES de Ugena (Toledo), denunciadas en septiembre de este año.

La consejera ha destacado que, en el caso de Cándida, el Gobierno regional "se reafirma en su compromiso para erradicar la violencia machista" y cumple con la Ley de Violencia de Género de Castilla-La Mancha, pionera en España, que en su artículo 35 establece la obligatoriedad de que el Ejecutivo se persone en este tipo de causas judiciales.

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Violencia machista

Padilla ha recordado que Cándida fue la víctima número cinco en España en el año 2024 y la primera en Castilla-La Mancha. Dejó huérfano a un niño de nueve años.

La consejera ha recordado que la decisión se ha tomado después de que el Instituto de la Mujer solicitara un informe a la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, que confirmó los indicios de violencia machista, al tiempo que ha recalcado que desde el año 2003 han sido asesinadas 59 mujeres en Castilla-La Mancha, dejando 32 menores huérfanos y cinco asesinados.

En este sentido el Gobierno regional se ha presentado como acusación popular en 49 ocasiones. Además ha recordado que para proteger al menor de nueve años también se solicitarán las ayudas de orfandad, reguladas por ley.

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Pintadas homófobas

Por otro lado, Padilla ha anunciado que el Gobierno regional se presentará como acusación popular en la causa abierta por las pintadas homófobas contra un docente en un Instituto de Enseñanza Secundaria de Ugena, denunciadas en septiembre de este año.

La consejera ha vuelto a expresar su más rotundo rechazo a los delitos de odio y contra la integridad moral de un docente, como ha sido este caso.

"Los delitos de odio por cualquier motivación son un ataque directo a los valores de la convivencia en el entorno educativo que el Gobierno regional no va a tolerar", ha finalizado.