Imagen de archivo de un examen de oposiciones

Imagen de archivo de un examen de oposiciones Efe

Región OPOSICIONES

Así se distribuyen las 5.840 plazas de empleo público que convocará Castilla-La Mancha: administración, Sescam...

Publicada

La Mesa de Negociación del Personal empleado público ha aprobado este lunes la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha de Oferta de Empleo Público (OPE) para 2024 del personal funcionario y laboral de la Administración General, del personal docente no universitario de la Administración de la Junta de Comunidades y personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que asciende a un total de 5.840.

La propuesta, que recoge la distribución de plazas para Administración General, Educación y Sescam ha salido adelante con los votos a favor de CSIF, CCOO, FSES y UGT, y ninguno en contra, en un encuentro que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez; el director general de Recursos Humanos de Educación, Cultura y Deportes, José Manuel Almeida; y el director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar, ha informado la Junta.

De esta manera, 1.260 plazas corresponderán a la Administración General, de las que 596 serán para personal funcionario y 394 para personal laboral, 673 plazas a Educación y 3.907 al Sescam.

Del total de plazas, 5.262 serán de turno libre -990 en Administración General, 639 en Educación y 3.633 en SESCAM-, 425 de promoción interna y 153 de promoción interna directa en el puesto.

Desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital recuerdan que esta oferta reserva un cupo no inferior al 7 % a las plazas ofertadas para personas con discapacidad, el 2 % por personas con discapacidad intelectual y el 5 % restante para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Una vez celebrada la Mesa General de Negociación, la Oferta de Empleo Público para 2024 en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se elevará al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para su aprobación por parte del Ejecutivo autonómico.