UGT valora que el presupuesto de 2025 busque "reforzar el estado del bienestar"

UGT Castilla-La Mancha ha mostrado su respaldo al proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Comunidades para 2025, porque "pretenden reforzar el Estado de Bienestar", y ha ofrecido su colaboración para que esta mejora se haga realidad.

La presidenta de la Comisión Gestora de UGT en Castilla-La Mancha, Patricia Ruiz Martínez, ha realizado esta valoración de las cuentas públicas este viernes en una rueda de prensa, tras reunirse con el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2025, que asciende a 12.712 millones de euros.

Ruiz Martínez ha afirmado que para el sindicato es "imprescindible seguir avanzando" en la mejora de los servicios públicos y ha hecho especial énfasis en el apoyo que necesitarán los municipios de Castilla-La Mancha afectados por las lluvias torrenciales del 29 de octubre.

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"Estamos dispuestos a ayudar al Gobierno regional a que los servicios públicos se fortalezcan en medios, recursos, formación y reconversión" para que los trabajadores y desempleados puedan adaptarse a las nuevas realidades laborales, ha aseverado Ruiz Martínez.

En este sentido, ha valorado que el presupuesto de 2025 aboga por "un mayor impulso en la creación de empleo" y ha ofrecido la colaboración del sindicato para dinamizar el mercado de trabajo y ayudar a los desempleados a encontrar un puesto de trabajo, así como a las empresas a que cubran sus vacantes de difícil cobertura, por lo que ha propuesto mejorar la coordinación con los servicios públicos de empleo.

Además, ha reconocido que la siniestralidad laboral en la región es una cuestión que "preocupa a todas las organizaciones sindicales y a la patronal" y ha recordado los 43 fallecidos en accidente laboral en Castilla-La Mancha en lo que va de año, por lo que ha reclamado que el Instituto de Salud y Seguridad Laboral, cuya creación está recogida en los presupuestos de 2025, "tenga un desarrollo potente, necesario y adecuado" para reducir las cifras.

Residencias, transporte sanitario y carrera profesional

Ruiz Martínez también ha reclamado mejoras laborales para los trabajadores de las residencias de mayores y del transporte sanitario, así como que se apruebe la recuperación de la carrera profesional para los trabajadores sanitarios, y se ha mostrado convencida de que el Gobierno regional atenderá estas reclamaciones.

En el ámbito sanitario, ha pedido asimismo hacer frente a las "largas, insoportables y dañinas" listas de espera.

Con todo, ha defendido que los servicios públicos se sufragan con los impuestos, por ello ha pedido "que nadie caiga en la trampa" de no pagarlos, y ha reclamado una financiación autonómica equilibrada para poder mantenerlos, tanto en las zonas urbanas como en las más despobladas.

Fin a las reuniones con agentes sociales

Por su parte, el consejero de Hacienda también ha valorado el encuentro con UGT, con el que finaliza la ronda de reuniones con agentes sociales para presentar el proyecto de presupuestos de la Junta para 2025.

"El diálogo social es una seña de identidad del Gobierno regional y de los agentes sociales, que son precisamente los que permiten la estabilidad política e institucional de la que gozamos en Castilla-La Mancha y da buenos resultados", ha subrayado Ruiz Molina.

En cuanto a las principales partidas, el consejero de Hacienda ha destacado que el presupuesto de la Junta para 2025 destina más de 2.000 millones a la estrategia contra la despoblación y, de ellos, 1.058 millones son para la ampliación y consolidación de los servicios públicos básicos en zonas rurales.

En concreto, la sanidad, educación y servicios sociales recibirán 857 millones y otros 200 millones serán para favorecer la conciliación laboral y familiar, el apoyo a las familias y el acceso a la vivienda.

De este modo, Ruiz Molina ha destacado que Castilla-La Mancha "trata de predicar con el ejemplo", pues ha argumentado que si el Gobierno regional defiende, de cara al nuevo sistema de financiación autonómica, que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso en igualdad a los servicios sociales, también toma medidas para llevarlo a la práctica.