El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina este martes en rueda de prensa.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina este martes en rueda de prensa.

Región

Castilla-La Mancha tiene previsto realizar 969 contratos en 2025 que costarán casi 1.500 millones de euros

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El primer Consejo de Gobierno del año en Castilla-La Mancha ha aprobado el Plan de Contrataciones 2025 que recoge la realización de 969 contratos valorados en casi 1.500 millones de euros.

Así lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha destacado que la mayoría de estos contratos corresponden a los departamentos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. 

Ruiz Molina ha explicado que este documento recoge la información básica correspondiente a todos los contratos públicos que se prevén para 2025 con un valor estimado superior a los contratos menores. 

Con este plan, el objetivo del Gobierno regional es facilitar a las empresas que potencialmente optan a la licitación, en su mayoría pymes, a tener una visión de conjunto de la actividad contractual que tiene prevista la administración regional. No obstante, el consejero ha recordado que la previsión que refleja este documento en "informativa y no vinculante".

Más de la mitad de la inversión, al Sescam

De los 1.489 millones de euros que Hacienda tiene previsto invertir en los 969 contratos proyectados, las áreas que conforman el Estado del Bienestar son las que tienen comprometida una mayor porción: el 60 % de los contratos y el 75 % de la inversión.

De manera concreta, Ruiz Molina ha desgranado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) aguarda una previsión de 358 contratos (27 % del total) que se llevarán el 55 % de la cantidad presupuestada, es decir, 815 millones.

Mientras, Educación y Bienestar Social aglutinarán 112 contratos (11 %) cada una con un montantes de 117 millones (8 %) y 188 millones (13 %), respectivamente.

Fuera de estos ámbitos, Ruiz Molina ha destacado que la Agencia de Transformación Digital tiene previsto licitar un total de 83 contratos (8,5 %) por un importe de 172 millones de euros. Por su parte, la Consejería de Fomento tiene una previsión de 58 contratos que absorben una cuantía de 139 millones de euros.

En cuanto a la tipología de los contratos, el consejero ha explicado que la mitad (490) son de servicios, 324 de suministros y 92 de obras.

De todos ellos, el 80 % de los recursos aglutinan contratos de adjudicación abierta y el 11 % (160 millones de euros) corresponden a 330 contratos basados en acuerdos marco. 

Ruiz Molina ha incidido en que el Gobierno regional estima que el 65 % de los contratos (632), que representan un importe total de 796 millones, se publique su licitación en el primer semestre de este año.

"Pretendemos facilitar al sector empresarial su participación en la actividad contractual que la administración regional pretende desarrollar a lo largo del presente ejercicio, reforzando la transparencia en la gestión presupuestaria", ha agregado el consejero, quien confirmado que este Plan de Contratación se publicará en el Perfil de Contratante del Sector Público Regional, así como en el Portal de Contratación Pública de Castilla-La Mancha.

Convenio con Canarias

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un convenio de colaboración con el Gobierno autonómico de Canarias en materia de control interno autonómico. 

Se trata de un acuerdo similar al suscrito ya con Baleares y mediante el cual Castilla-La Mancha cederá "nuevas herramientas tecnológicas que hemos desarrollado desde la Intervención General", ha apuntado Ruiz Molina, con el propósito de impulsar la simplificación y modernización del proceso de gestión y control de gasto en la administración regional.

Estas soluciones, ha asegurado, suponen la supresión de más de 300.000 documentos contables, la eliminación en el proceso de gasto público de más de 600.000 firmas y la reducción a la mitad del tiempo de tramitación de los expedientes de gastos.