El pacto de la Diputación de Albacete depende del futuro judicial de Cabañero

La portavoz del grupo provincial Ganemos-Izquierda Unida, Victoria Delicado, ha pedido que se "investigue y aclare" si hubo prevaricación en el nombramiento del jefe de Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Institución provincial (Sepei) después de que se haya conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) está investigando al presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, que fue quien firmó el decreto de nombramiento.

Además, ha añadido que, de "resultar imputado", valorarían si continúan con el apoyo que le dieron en el acuerdo de investidura y, por el cual, en la actualidad la Institución provincial está gobernada por el Partido Socialista ya que esta "llamada de atención" del TSJCM está "enmarcada en un conjunto de irregularidades en materia de contratación desde hace muchos años".

Según Delicado, esta práctica en este nombramiento y otros similares es "demasiado abundante y sostenida en el tiempo", por lo que han señalado que espera que "esta desagradable noticia sirva para poner freno".

La portavoz de Ganemos ha recordado que la atribución temporal de funciones tiene un límite de seis meses, que está "absolutamente sobrepasado" y que esta práctica la vienen realizando, no solo el actual equipo de Gobierno en la Diputación, sino también ejecutivos anteriores.

Como ejemplos, ha citado la Oferta de Empleo Público de 2009, que ya pasó por una Comisión de Investigación en el seno de la institución y que concluyó con "demasiadas irregularidades", así como nuevas promociones y nombramientos de este año, en los que "no se seguido lo estipulado en el convenio de negociación" que, aunque caduco, es el vigente hasta que se firme el nuevo.

Atribuciones temporales de funciones

Según ha asegurado Delicado, en estos momentos hay unas 60 atribuciones temporales de funciones, "la mitad realizadas durante este mandato"; y 61 reparos de Intervención referentes a retribuciones de personal que suponen unos 3 millones de euros y que "no se ajustan a la legalidad", de los cuales el 95 por ciento son en materia de personal.

Ganemos también ha vuelto a pedir que se cubra la plaza de la Jefatura de Recursos Humanos, considerando que "es urgente, porque esta figura es quien debe guiar la actuación de los políticos y las reivindicaciones sindicales", según Victoria Delicado.