Un acusado se enfrenta a 35 años de cárcel por traficar con mujeres en Albacete
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo martes, 7 de noviembre, a un acusado de cinco presuntos delitos de trata de seres humanos, por los que la Fiscalía le pide una pena total de 35 años de prisión, aunque en el escrito de acusación se indica que el límite que cumplirá, de ser condenado, son 20 años.
En ese mismo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal recoge que el acusado, de nacionalidad rumana, ofreció a varios compatriotas la posibilidad de tener en España un trabajo "muy bien remunerado" y logró convencer a cinco personas.
Los contactos se realizaron a principios de mayo de 2016 y llegaron a España el día 21 de ese mes, tras tres de viaje en autobús. Cuando llegaron, los recibieron el acusado y varias personas más, que les dijeron que había surgido un inconveniente con el alojamiento y les ofrecían dos opciones, hospedarse en un hotel, que en realidad era el albergue municipal, que permite a los transeúntes quedarse hasta tres días, o estar en casa de una conocida, donde iban a estar un poco "apretados".
Tras los tres días en el albergue, fueron trasladados en una furgoneta a una vivienda en la urbanización de Casas Viejas (Albacete), una parcela abandonada, sin baños, con seis habitaciones. Una de ellas era para el acusado y su mujer y en el resto tenían que convivir unas 60 personas, todos rumanos.
Pese a las condiciones, tenían que darle al acusado una cantidad de dinero, en concepto de alquiler de la vivienda, y cuando protestaron por la situación, el acusado alegó que, de momento, no podía hacer nada porque los españoles no querían alquilarles viviendas.
Como no tenían los permisos en regla, el acusado les dio documentación de otras personas para que, si les paraba la policía, la exhibieran como si fueran ellos.
En cuanto al trabajo, en esto también fueron engañados porque, dice el escrito, o no trabajaron nunca o lo hicieron sólo unos pocos días, en labores de recolección agrícola, y sin llegar a cobrar por lo que habían realizado.
Finalmente fue una de las víctimas la que decidió denunciar los hechos ante la policía, algo que hizo el 15 de junio de 2016, y que permitió iniciar una investigación. El acusado fue detenido el 29 de junio y permanece en prisión provisional desde el 1 de julio de 2016.