Condenan en Brasil a 14 años de cárcel al asesino del albaceteño que hace 30 años defendió a los más débiles

El único acusado vivo del asesinato hace 30 años del misionero y jesuita albaceteño Vicente Cañas, por su firme defensa de una reserva indígena en la Amazonía, ha sido condenado a 14 años y 3 meses de prisión.

El comisario de Policía Civil jubilado Ronaldo Antonio Osmar, el único de los seis acusados que aún vive tres décadas después del crimen y que había sido absuelto por falta de pruebas en 2006, fue declarado culpable por el nuevo jurado convocado por la Justicia Federal del estado amazónico de Mato Grosso.

Tras un juicio que se prolongó dos días, los miembros del jurado concluyeron que Osmar fue el responsable de homicidio doblemente calificado por haber intermediado entre los hacendados que encomendaron el asesinato y los pistoleros que lo ejecutaron, y decidieron que el comisario purgue la condena en régimen cerrado.

El condenado, sin embargo, aún puede presentar un recurso contra la condena ante un tribunal de segunda instancia y esperar en libertad al pronunciamiento definitivo.

Tras la decisión condenatoria del jurado, la sentencia fue leída inmediatamente por el juez Paulo Cézar Alves Sodré, titular del juzgado séptimo federal de Mato Grosso, estado del oeste de Brasil del que Cuiabá es capital.

La sentencia fue celebrada por los cuatro sobrinos del misionero que acudieron a la ciudad de Cuiabá a asistir al juicio, así como por los fiscales y los integrantes del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), entidad vinculada al Episcopado de la Iglesia católica en Brasil y del que Cañas fue uno de los fundadores.

Justicia con 30 años de retraso

Tanto la Fiscalía como el Cimi, cuyos abogados actuaron como asistentes de la acusación, habían manifestado su esperanza en que la justicia llegase aunque fuese con un retraso de 30 años y de que el crimen no quedara en la impunidad.

"Fue una victoria de la sociedad, de la justicia y de la memoria", afirmó el fiscal Ricardo Pael, miembro del Ministerio Público Federal y quien coordinó la acusación.

"Estamos muy contentos. Esto abre un precedente impresionante en el país para que no queden en la impunidad los crímenes contra los pueblos indígenas. Tras tantos años de espera es una gran alegría saber que mi tío siguió protegiendo a los indios a través del juicio", afirmó Rosa Cañas, una de las sobrinas del misionero, citada en un comunicado divulgado por el Cimi.

El fiscal alegó que, además de su responsabilidad en el homicidio, el condenado dificultó la investigación como comisario responsable por elucidar un crimen en el que participó, y hasta llegó a acusar a los indígenas del asesinato.

"El detenido intermedió los intereses de los hacendados. Actuó para eliminar a quien obstaculizaba los intereses de los hacendados. Además de contratar al grupo que cometió el asesinato, los orientó sobre cómo proceder", afirmo el fiscal en su alegato ante el jurado.

Cañas vivía como uno más en la comunidad

Cañas, nacido en 1939 en Alborea (Albacete, España), llegó como misionero a Brasil en enero de 1966, cinco años después de su ingreso en la Compañía de Jesús, y pasó por diferentes comunidades indígenas hasta establecerse en una aldea de los Enawene-Nawe, en la que vivió como uno de ellos y a quienes se unió en la defensa de sus tierras ancestrales.

Su posición en defensa de la creación de una reserva para esta comunidad contrarió a grandes hacendados interesados en aumentar sus tierras de cultivo en el estado amazónico de Mato Grosso, oeste de Brasil y fronterizo con Bolivia.

Según la conclusión del nuevo jurado, Cañas fue asesinado a puñaladas tras ser violentamente agredido (su cráneo estaba fracturado y sus órganos genitales habían sido arrancados) por pistoleros contratados por los hacendados a los que contrariaba.

El 5 de abril de 1987, en su última comunicación por radio a los misioneros que estaban en Cuiabá, el jesuita avisó que regresaría a la aldea de los Enawene-Nawe desde una cabaña en la que acostumbraba refugiarse para hacer reflexiones espirituales.

Nunca más se supo de él hasta el 16 de mayo, 40 días después, cuando su cuerpo fue hallado momificado cerca de la cabaña que construyó como refugio a orillas del río Juruena y a unos 60 kilómetros de la aldea en que vivía.

De los seis acusados del homicidio, dos murieron antes del juicio, otros dos vieron sus casos sobreseídos por tener más de 80 años y también murieron, y los únicos dos llevados al tribunal fueron absueltos en 2016 por supuesta falta de pruebas.

Además de Osmar, en la época fue absuelto el agricultor José Vicente da Silva, acusado de ser uno de los autores materiales y que murió antes de responder al nuevo juicio.