Importante precedente judicial por la exposición al Covid-19 de una médico del Sescam embarazada

El Juzgado de lo Social número 2 de Albacete ha concedido la suspensión de contrato a una trabajadora del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) por riesgo en el embarazo debido a la COVID-19, según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha impulsado el reconocimiento de este derecho, ha explicado en un comunicado que se reconoce así por primera vez el derecho a esta prestación por parte de una mujer embarazada, en contra del criterio general establecido por la Seguridad Social.

El auto reconoce esta prestación a una mujer, médico en el Complejo Hospitalario de Urgencias de Albacete, actualmente embarazada de 16 semanas. Estaba de 14 semanas cuando recurrió a la justicia después de que la Mutua Solimat se lo denegara, siguiendo el criterio de la Seguridad Social y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Se da la circunstancia de que la Seguridad Social solo reconoce el riesgo a partir de la semana 24.

Sin embargo, tal y como ha reclamado CSIF de manera reiterada, el juez entiende que "la pandemia puesta en relación con el trabajo de la actora como médico de puerta de urgencias, la fase de embarazo en la que se encuentra y la contraindicación de la vacuna en su estado, justifican la concurrencia de dicho requisito por el peligro que podría entrañar para el feto y la propia embarazada".

El auto continúa añadiendo que "máxime cuando desde el propio Servicio de Prevención del hospital requiere que en su estado evite tareas que precisen el uso de equipos de protección respiratoria consistentes en FFP2 y FPP3". El dictamen del juez también recoge informes de responsables del propio hospital donde se señala la imposibilidad de readaptar o cambiar su puesto de trabajo por otro compatible.

Ante este auto, CSIF reitera a la Seguridad Social la necesidad de reconocer de nuevo el derecho a la incapacidad laboral transitoria a las mujeres embarazadas por los riesgos asociados por la exposición a la COVID-19.

Este derecho se incluyó en el primer estado de alarma. Sin embargo, en la actualidad, solo se considera riesgo a partir de la semana 24 de gestación, a pesar de que las embarazadas se reconocen entre los principios grupos vulnerables por parte del Ministerio de Sanidad.

"Pedimos que se declare el riesgo en el embarazo a las trabajadoras desde el inicio de la gestación para que o bien se le reconozca la baja laboral sin pérdida retributiva o bien se adapte su puesto", concluye CSIF.