Así actuaban los acusados en Albacete de estafar más de 100.000 euros a través de una consultora

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 7 de febrero, a R.M.R.P., C.M.R.B., y F.A.A., para los que la Fiscalía solicita 6 años de prisión por un presunto delito de estafa. Los acusados habrían estafado más de 100.000 euros a varias personas a las que habían hecho creer que estaban invirtiendo en Bolsa.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar a partir del año 2013, cuando los acusados, R.M.R.P., C.M.R.B. y F.A.A., dueños de una empresa consultora, ofertaron a P.S.S. y a D.S.S. la inversión de altas cantidades en Bolsa a través de su gestoría, a la que deberían realizar diversos ingresos bancarios.

Así, P.S.S. firmó hasta cuatro contratos con la empresa, realizando varias transferencias por un valor total de 30.000 euros. Igualmente, D.S.S. firmó otros cuatro contratos por valor de 25.000 euros. Una vez realizadas las transferencias, la empresa inactivó su página web, del mismo modo, cortaron todas las comunicaciones, no pudiendo contactar los perjudicados con los acusados ni por teléfono ni por correo electrónico.

Modus operandi

Siguiendo el mismo modus operandi, los procesados ofrecieron a J.C.N. invertir en Bolsa, firmando cuatro contratos por un valor de 11.420 euros. Como en los casos anteriores, una vez se realizó las transferencias, J.C.N. no volvió a saber nada de la empresa ni pudo contactar con los acusados.

Situación que también vivió J.C.S.G., que llegó a transferirles 6.000 euros, y A.G.S.P., que invirtió 36.000 euros, cantidades que nunca recuperaron y de los que no volvieron a tener noticias.

Unos hechos que la Fiscalía considera que son constitutivos de un delito continuado de estafa, por el que piden para R.M.R.P. y C.M.R.B. seis años de prisión y doce meses de multa con cuota diaria de doce euros. Misma pena que el Ministerio Fiscal solicita para F.A.A. por el delito de falsedad documental.

Además, a las empresas de las que eran dueños se les impondrán las penas multas de 400.000 y 350.000 euros, respectivamente, así como la disolución de la persona jurídica.