Apertura de juicio contra el ex alcalde Hermoso Murillo y varios técnicos de Puertollano acusados de graves delitos

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará al exalcalde socialista de Puertollano Joaquín Hermoso Murillo, al exsecretario del Ayuntamiento Juan Luis Vázquez Calvo y al arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público y tráfico de influencias en el caso del fraccionamiento en 69 partes de las obras del coso y barrera de la plaza de toros de la ciudad industrial.

Así consta en el auto de apertura de juicio oral dictado por la titular del Juzgado número 1 de Puertollano, Celia Valdivia, dado a conocer este martes por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, personado en esta causa junto al Partido Popular. La causa será traslada a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, dada la naturaleza de los hechos investigados y la importancia de las penas que solicita la acusación de PP e IU, hasta siete años de prisión en el caso de Hermoso Murillo.

El juzgado puertollanero incluye así en la causa algunos de los delitos que afloraron como consecuencia de la instrucción de este procedimiento -solicitados en las acusaciones de los grupos políticos municipales- si bien la Fiscalía pedirá únicamente para los investigados una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al imputarles solamente un presunto delito de prevaricación administrativa, tal y como adelantara en el escrito de calificación provisional, al no considerar acreditado el resto.

Peticiones de cárcel

Por su parte, la acusación ejercida por Izquierda Unida, que coincide sustancialmente con la del PP, solicita para cada uno de los tres acusados, por prevaricación administrativa, la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales, y añade más delitos en su escrito de acusación.

Así, para el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, por el delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, IU pide la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y costas procesales. A esta petición suma otra de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por el delito continuado de tráfico de influencias.

Por otra parte, por falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, estas acusaciones consideran que procede imponer a Juan-Luis Vázquez Calvo y Eugenio Ángel Manso la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales. Además, para Eugenio Ángel Manso se solicita la pena de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y costas procesales por tráfico de influencias.

Aún resta por unir al proceso el escrito de la defensa, que deberá ser admitido en las próximas semanas, antes de que la Audiencia Provincial dicte el auto de señalamiento y concrete la fecha de la primera vista.

No cabe recurso

En el auto, contra el que no cabe recurso, la jueza decreta asimismo el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones de otros dos profesionales ajenos al Consistorio, y establece una fianza por aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias de 25.000 euros para cada uno de los tres acusados.

La ejecución de obra ascendió a 2.598.451,54 euros, y su gasto se fraccionó en 69 expedientes. Según ha señalado este martes en rueda de prensa el concejal de Izquierda Unida, Alejandro Becerra, "el hecho de fraccionar el objeto de contratación por parte de los acusados fue un medio para adjudicar los contratos a personas con las que tenían una relación de amistad, sustrayendo el concurso de adjudicación del más mínimo procedimiento legal".

En este sentido ha añadido que "una vez que se comenzaron a investigar los hechos, los querellados no han tenido el menor reparo en falsificar documentos para dar una apariencia de legalidad a su actuación".

Así, Becerra ha apuntado que en las diligencias preprocesales practicadas "se enviaron copias de ofertas de otros empresarios o profesionales que realmente nunca existieron" para "aparentar", mediante la creación de tales documentos, "que había existido una mínima concurrencia -al menos la del procedimiento negociado sin publicidad que aparentemente se seguía-- y que no se había adjudicado el contrato a dedo". "Para ello se procedió a la falsificación de los documentos necesarios creando unas ofertas que nunca existieron", ha recalcado el edil.

Faltando a la verdad

Respecto a la actuación del exalcalde Hermoso Murillo, ha aseverado que "dictó varias resoluciones faltando a la verdad, declarando haber visto un informe inexistente". "Con dichas resoluciones se pretendía dar apariencia de legalidad amparándose en unos informes del técnico municipal, que no existían, para tratar de ocultar que se estaba adjudicando el contrato arbitrariamente".

Por otro lado, en su escrito de acusaciones, Izquierda Unida sostiene que Hermoso Murillo "se valió de su influencia derivada de sus relaciones personales y jerárquicas" sobre el resto de acusados "para lograr una apariencia de legalidad que le permitió llevar a cabo una contratación absolutamente fuera de los cauces legales", dictando repetidas resoluciones para adjudicar la empresa Navarro Piquer 18 partes de la obra de cimentación en las que "arbitrariamente" se había fraccionado el objeto del contrato, cuya cuantía inicial era superior a 800.000 mil euros y obligaba a acudir al procedimiento abierto de la normativa de contratación administrativa.

En todo caso, Becerra ha advertido de que la defensa de los acusados está llevando a cabo una actuación judicial "legítima" para apartar a los grupos municipales del procedimiento y rebajar así la posible pena al supuesto de la simple inhabilitación, según demanda el Ministerio Público.

El concejal ha explicado que esta iniciativa ha prosperado "en parte", hasta el punto de que las formaciones políticas se han visto obligadas a dejar de personarse como acusación particular y hacerlo bajo la figura de acusación "popular", que implica necesariamente la presentación de una querella a título personal y el depósito de una fianza de 200 euros. "Aún así, un nuevo recurso de la defensa ha pedido que no se ha admita esa querella alegando que se ha presentado fuera de plazo", ha puntualizado Becerra, quien espera conocer el desenlace de este proceso en breve.

Los concejales de Izquierda Unida prevén que el juicio oral por el caso 'Plaza de toros' pueda comenzar en el primer semestre de 2018, una vez superados todos los trámites judiciales.