Una diputada de Castilla-La Mancha, estrella del día en las Cortes Generales

La Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, presidida por la diputada ciudadrealeña Carmen Quintanilla, ha dado luz verde al informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, aprobado la pasada semana, y que incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.

Con 34 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra, el informe seguirá los tramites parlamentarios, así asienta los contenidos que deberán ser tenidos en cuenta por el Gobierno para el desarrollo de la futura Ley, y después debatidos y aprobados en una nueva vuelta parlamentaria.

Durante su debate, el texto ha recibido los votos particulares de ERC, donde se pedía que dicha Ley no tuviera un carácter básico y que ha sido rechazado; un voto de Ciudadanos, que ha sido aprobado y versaba sobre 4 iniciativas concretas que piden sean incluidas en el informe; y dos votos particulares del PSOE, ambos aprobados por la cámara, donde se solicita que se pongan con inmediatez las acciones de intervención y, por otro lado, que se dote de suficiente financiación para su desarrollo.

"Abrimos la puerta a la protección de los menores que serán los hombres y mujeres del futuro", ha señalado la presidenta de la comisión, la diputada popular María del Carmen Quintanilla Barba, tras su aprobación, y tras agradecer el "consenso" con el que se ha trabajado en el último año.

Una ley ambiciosa

Desde Ciudadanos se ha pedido que se haga un "ley ambiciosa", "útil" y que límite el acceso de alcohol a los menores, y para ello apuesta por que las Administraciones adapten "de manera conjunta y coordinada", conscientes de que el consumo de alcohol, es el factor de riesgo de numerosas enfermedades. Su portavoz María Sandra Julià ha defendido el voto de su grupo parlamentario, que se ha aprobado con 34 abstenciones, que la futura Ley incluya reincorporar que se estudie imponer una licencia específica para la venta, común en la Administración; establecer un plazo razonable para que tiendas y supermercados pongan una línea separada de venta; administraciones coordinadas en las repuestas a posibles adiciones; y difundir a los sanitarios toda la información relativa para una detección precoz, con un protocolo y registro único.

Desde el PSOE, María Aurora Flórez Rodríguez ha señalado que la posición de su grupo se la apuesta por la coordinación entre los agentes implicados con el objetivo de que se consolide este plan, "sin criminalizar a los menores por una conducta en la que todos somos responsables", ha señalado. Por eso, apuesta por "fomentar y contar con la participación de toda la sociedad", partiendo de una Ley que esté basada en "un espíritu eminentemente educativo y pedagógico, que movilice el debate sin olvidar su carácter sancionador".

En cuanto a los votos particulares, ambos aprobados (con 12 y 34 votos a favor, respectivamente), se ha solicitado la inmediatez de las acciones así como al despliegue inmediato de las acciones que no necesiten de la aprobación de la norma básica que empieza su trámite; el segundo voto se ha presentado desde la preocupación de una insuficiente financiación para su desarrollo, defendiendo aportaciones directas a la estrategia.

Su apoyo al informe, ha explicado, "no es un cheque en blanco al Gobierno", aclarando que "este es un problema de todos que necesita de un trabajo conjunto". "Todos somos parte de la solución, hay que implicar a los menores. Hagamos un ejercicio de responsabilidad compartido", ha concluido. Desde el Grupo popular, Jesús Ramón Aguirre ha destacado el consenso en el que se ha trabajado durante estos meses, y, al igual que el resto de grupos, ha señalado que "es responsabilidad de todos llegar a un consenso en beneficio de nuestros menores". Asimismo, ha defendido que "el consumo en menores es un problema de salud pública a nivel nacional y como tal debe ser abordada como una norma básica", asimismo considera que "va a ser un punto y seguido a una magnífica ley".

Desde el Grupo Mixto, que ha votado a favor, han destacado que este informe es "fruto de un largo y duro trabajo", y ha recordado la "educación y prevención" son "armas poderosas para solventar este problema cultural y de salud pública que preocupa". Desde el grupo vasco, que se ha abstenido, aunque están de acuerdo con algunas de las medidas, consideran que "no se trata de un problema específico de menores y, por tanto, considera que esta ley no trata todo el problema en su conjunto".

Desde la educación

Desde Marea, que también han votado a favor, ha criticado al Gobierno por "no tener capacidad de abordar este problema", por eso cree que se trata de "un Ejecutivo fracasado" que "se escuda en el trabajo ejecutivo porque no puede actuar contra los lobbies o no tiene presupuesto". Asimismo, creen que esta ley no es la mejor herramienta para conseguir los objetivos, ya que hay que partir de una modificación de las pautas culturales así como trabajar en una menor accesibilidad por su precio.

En su opinión, "solo desde el ámbito de la educación es posible intervenir en la prevención del consumo", algo que ven imposible sin una mayor dotación presupuestaria. Asimismo, creen que aunque las leyes deben contener sanciones, estas deben ser impuestas más a los que obtienen beneficios que a las familias y menores.

Desde Esquerra Republicana se ha defendido el voto particular de su grupo, que ha sido rechazado con 29 votos en contra. Así, ha señalado que la Constitución Española defiende que las CCAA pueden asumir las competencias en esta materia. Ante el temor de que esta ley merme esa posibilidad, se establezca una "monolítica uniformidad" y se deje fuera a las CCAA, se ha solicitado que no tenga carácter básico, si no que las competencias sigan dependiendo de las CCAA. Por este motivo ha decidido abstenerse también en la votación del informe.

Las medidas

El informe incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, y actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente para la protección del menor. Para que se pueda condonar la sanción, deberán participar junto con los menores en las actividades reeducativas que se les impongan como alternativa.

Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; prestar especial atención a la dispensación gratuita o no y a la venta de alcohol a menores en las fiestas con arraigo cultural o tradiciones y en eventos de gran confluencia; y, además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que vendan a menores, llegando a ser incluso clausurados.

Propone revisar los impuestos especiales de todas las bebidas; e incluso que una parte de dichos impuestos sean finalistas, destinados al control de la oferta y a actuaciones preventivas y disuasorias del consumo o del tratamiento de los efectos adversos del mismo.

Se recomienda establecer regulación de horarios de venta en los establecimientos en los que no esté permitido su consumo inmediato, al igual que en la venta a domicilio y televenta (por ejemplo, de las 22.00 h a las 7.00h); prohibir los 'happy hour' en los locales; establecer la obligación a locales de suministrar agua gratuitamente y la embotellada a precio reducido; y prohibir la venta en gasolineras.

Además, como ya ocurre con el tabaco, incluir en el etiquetado de las bebidas con contenido alcohólico una advertencia sanitaria sobre los daños y riesgos para la salud. Aconseja limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados por ellos.