La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado al fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, que actué de oficio por la negativa de la sanidad pública de dar un medicamento a Francisco José Burgos Aranda, de 33 años, natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), con un tumor cerebral, pese a estar incluido en la cartera de servicios.

Así consta en una carta remitida por esta asociación, recogida por Europa Press, en la que se solicita al fiscal superior que abra una investigación con carácter urgente respecto a este caso, que considera “extremadamente grave”.

Según ha explicado la asociación, se trata de “la supervivencia y calidad de vida” de un paciente de 33 años, natural de Bolaños de Calatrava y residente en Madrid, al que se le está denegando un tratamiento que está en la cartera de servicios de la sanidad pública.

Al respecto, ha subrayado que se ha demostrado en el paciente la mejoría después de darlo prácticamente por muerto y esto a costa del sacrifico de su familia, sacrificio que no pueden seguir manteniendo por el coste.

Por su parte, la familia de Francisco José ha iniciado una campaña en change.org para recabar apoyos ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha creado una web para recaudar fondos para pagar el medicamento hasta que consigan la financiación pública.

Ensayo experimental sin resultados

Según relata Esther Gómez, pareja de Francisco José, en principio el paciente se sometió a un tratamiento de radioterapia y a un ensayo clínico experimental que no dieron ningún resultado y la enfermedad siguió avanzando. Durante el ensayo clínico descubrieron una mutación (BRAF V-600E) que se da en melanomas y cáncer de pulmón, y para la que hay un tratamiento “muy efectivo”, fabricado por Novartis, que en palabras de los doctores “manifiesta una gran mejoría en muy pocos días”.

“El doctor Víctor Moreno, oncólogo de la Fundación Jiménez Díaz, nos derivó al doctor Sepúlveda del Hospital 12 de octubre, ya que allí estaba abierto el ensayo en cuestión y donde tratarían de incluir a mi marido dado que presentaba la misma mutación que se da en los tumores anteriormente citados”, prosigue Esther. “Tras dos semanas de citas con Sepúlveda le denegaron la inclusión en el ensayo por la notable afectación de meninges que presentaba y de nuevo nos remitieron a la Fundación Jiménez Díaz para solicitar el uso compasivo del medicamento, que también se denegó”.

Según la familia, “la enfermedad avanzaba por minutos y los síntomas también, y la única vía fue comprar el medicamento a través de la Clínica Universidad de Navarra”. “Postrado en una cama de hospital, prácticamente inconsciente y recibiendo cuidados paliativos, tuvimos que aprovechar un momento de lucidez  y consciencia para que ingiriera las pastillas que habíamos comprado”, recuerda.

Según Esther, “todo el equipo médico de oncología y paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, así como la doctora de la Clínica Universitaria Navarra evidencian una mejoría extraordinaria en muy poco tiempo, justo el mismo tiempo que se le lleva administrando la medicación”. “Todos ellos consideran y avalan con informes la necesidad de continuar con este tratamiento para poder vivir y la importancia de la cobertura económica del mismo por parte de la seguridad social. No se trata de salvar solo la vida de mi marido, sino también de casos futuros”, subraya.

“Durante dos meses”, prosigue, “hemos podido comprar el medicamento por un importe de 14.500 euros cada mes, pero llegados a este punto no vamos a poder hacer frente a este gasto y es más que evidente que es su medicina, su salvación; nuestros ahorros nos permiten pagar un mes más, pero nuestras ganas de luchar y su fortaleza y la sonrisa que su niña de 18 meses le arranca cada día serán infinitas”.