Una prisión de Castilla-La Mancha presiona a Marlaska con 6 días de huelga

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y ACAI, que representan al 97 por ciento de los trabajadores de la prisión de Alcázar de San Juan, han anunciado este jueves hasta seis días de huelga de funcionarios de prisiones "para que el Gobierno retome negociaciones de subida salarial, que dejó aparcadas el pasado mes de septiembre", después de "retirar la propuesta dos días después de haberlo anunciado".

La responsable de UGT Prisiones en la provincia de Ciudad Real, María José Muñoz Garrigós, ha explicado que se han convocado seis jornadas de huelga con el objetivo de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "convoque las negociaciones en prisiones y cumpla con lo prometido en sede parlamentaria".

Ha explicado que "se nos ha ninguneado", porque el día 25 de septiembre se presentó una propuesta de una subida salarial junto con una reclasificación de los centros penitenciarios, "una reclasificación justa y necesaria porque atiende a una clasificación que se hizo en 1989 y que está obsoleta, por lo que crea una brecha salarial de en torno a unos 700 euros".

Por ese motivo, "estamos pidiendo que se siente con nosotros, que retome la propuesta salarial que se hizo ese 25 de septiembre y que dos días después sin ningún motivo se retiró" y que "por una vez, se nos haga caso a un colectivo maltratado, porque tenemos 3.400 plazas vacantes sin cubrir, porque sufrimos una media de una agresión al día en España y necesitamos que de una vez se atienda a un colectivo que lleva años abandonado", ha defendido Muñoz Garrigós.

Rafael Correas, en representación de CCOO, ha explicado que estos seis días de huelga desde el día 24 de octubre de 2018 "esperemos que tengan una gran acogida". La Administración "nos propuso una subida lineal a tres años de 375 euros; 48 horas después, la retiraron, porque dicen que Función Pública no les permitía esa subida".

Lo que ha defendido es que "un secretario general no te propone una subida que lleva un estudio aparejado de dos meses sin contar con Función Pública. Es una excusa. La huelga es una forma de protestar para que vuelva esa propuesta a la mesa y a partir de ahí seguir negociando", ha dicho Correas.

En el plano personal, ha dicho que lleva "26 años y es la subida más alta que podemos conseguir. Son 375 euros en tres años. Estaremos más que satisfechos con esa subida. Convocamos la huelga para que vuelvan a proponernos lo que ya pusieron sobre la mesa". Asimismo, reivindican "la subida de niveles, que no es un reivindicación de hoy para mañana, sino a largo plazo, además de la reclasificación de las prisiones".

Cárceles de categoría especial

Con respecto a las cárceles de categoría especial, que son las del País Vasco y Navarra, "un funcionario de Alcázar deja de percibir 600 euros mensuales. Es un disparate. Eso tenía su razón de ser cuando ETA estaba en pleno apogeo y por eso reclasificaron de esa forma, ya que era muy penoso trabajar en aquellas cárceles. Ahora, como bien dijo mi compañera, la gente pide el País Vasco con soltura ya que no hay miedo. Entendemos que las circunstancias han cambiado completamente", ha defendido Correas.

En este sentido, Correas ha explicado que la huelga es a nivel general. "Alcázar está en los seis días de huelga marcados. Esperemos que el ministro nos reciba el día 25, después del comienzo de la huelga, y a partir de ahí comenzar de nuevo a negociar". Con respecto a la prisión de Alcázar, "el director ofreció unos datos erróneos el Día de la Merced: en Alcázar hay 17 vacantes en la RPT de un total de 90 plazas, por lo que es un 20%. Son 17 de funcionario más 2 plazas vacantes de personal laboral, es decir, 19 de un total de 90".

Además, "tenemos en cuanto a asistencia médica un solo médico, que necesita descansar, no puede estar todos los días de la semana a todas horas porque es ilegal". De ello "se deduce que los internos están desprotegidos sanitariamente. Está el 112, pero eso son urgencias: no hace falta comprometer a la Seguridad Social si tenemos un servicio de enfermería y médicos".

Ha proseguido criticando que "tenemos dos enfermeras en baja laboral, una plaza sin cubrir y ahora hay un nuevo contratado para tres meses que acaba ya. Por lo que la cárcel de Alcázar se encuentra sin enfermero. Tampoco hay cocinero desde hace cuatro años. Esa es la situación de Alcázar: la cárcel funciona por la buena disposición que tenemos los funcionarios, si no sería imposible", ha puesto de manifiesto.

De momento, las jornadas de huelga convocadas serán las del 24 y 26 de octubre, 6, 8, 13 y 15 de noviembre. "Espero que no haya que llegar a noviembre", ha dejado claro Correas. "El día 24 formaremos piquetes informativos a las puertas del centro", ha dicho.

Roberto Sánchez-Pacheco, delegado sindical de CSIF en la prisión de Alcázar y presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, ha señalado que "nos sentimos ninguneados y engañados por la Administración. Nos ofertan un dinero y a los dos días nos lo retiran y eso es engañarnos. A la Policía y Guardia Civil les han subsanado las diferencias, pero desde hace años llevan sin acordarse de nosotros", ha añadido.

Asimismo, ha dejado claro que "no nos contentan con lo que nos dan, siempre tenemos muchas agresiones en casi todos los centros. Que nos nombren agentes de la autoridad nos viene muy bien, puesto que ya es un delito atentar hacia nosotros", ha denunciado. "Que con ese dinero se subsana una pequeña parte, bien, pero también quedan muchos asuntos pendientes. Por lo menos hay que ir consiguiendo paso a paso este dinero, pero nos quedan pendientes muchos detalles", ha concluido Sánchez-Pacheco.

Roberto Carretero, en representación del sindicato de prisiones ACAI, ha defendido que "los funcionarios de prisiones hemos dicho basta. En este empeño, estamos la mayoría de los sindicatos. Unidos somos más fuertes. Demandamos a la Administración que haya más plazas, que haga sus deberes y convoque más plazas porque necesitamos personal. Eso, a todas luces, es necesario".

Ahora mismo, un funcionario de prisiones "tiene una edad media de más de 50 años. Falta de personal significa que tengamos menos seguridad y más carga de trabajo los que estamos dentro". Por ello, "exigimos a la Administración la condición de agentes de la autoridad para poder trabajar más seguros y que desaparezca la sensación de impunidad que tienen los internos al agredirnos. Exigimos también que nos hagan una propuesta económica en condiciones, no que dure dos días como la última", ha concluido.