El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha denunciado que, en pleno estado de alarma y con un país en servicios mínimos, el equipo de Gobierno, del PSOE y Ciudadanos (Cs), esté procediendo a embargar las cuentas corrientes de vecinos de la capital.

En un comunicado de prensa, ha explicado que han tenido conocimiento de estos hechos a través de una denuncia formulada en redes sociales y confirmada directamente con dos personas afectadas.

El edil popular Miguel Ángel Poveda ha asegurado que "es lamentable que los embargos de las cuentas corrientes de los vecinos, en momentos tan duros como estos, sigan estando en la agenda del equipo de Gobierno y que no haya paralizado los procedimientos de apremio como sí han hecho otros muchos Ayuntamientos".

Además, ha recordado que desde el pasado 20 de marzo han solicitado, en varias ocasiones, al equipo de Gobierno que adoptara formalmente la paralización del cobro de los tributos municipales debido a la actual situación, para mayor seguridad jurídica de todos los ciudadanos, estableciendo ya periodos de moratoria y aplazamientos para favorecer la reactivación económica de la ciudad una vez superado el actual estado de alarma.

Poveda ha vuelto a lamentar que las únicas medidas económicas que ha adoptado el equipo de Gobierno hayan sido la de prorrogar el contrato con la empresa que colabora con el Ayuntamiento en materia de recaudación y dos decretos, uno que amplía a las familias numerosas el plazo de solicitud de las bonificaciones en el pago de la tasa del agua y el IBI, y otro que se declaran inhábiles, a efectos del pago de plusvalías, los días que dure el estado de alarma.

Finalmente, ha señalado que es "urgente y necesario" que el equipo de Gobierno "adopte ya acuerdos que ayuden a la economía de vecinos, empresas y comercios de la ciudad, con aplazamientos, suspensiones y bonificaciones en los impuestos y tasas".

Desmentido del Ayuntamiento

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Nicolás Clavero, ha afirmado que esas noticias "no son ciertas", ya que "las últimas diligencias de embargo se produjeron con fecha 5 de marzo, enviándolas a las entidades bancarias, como es habitual todos los meses".

Clavero ha explicado que las entidades bancarias, a la recepción de las mismas, proceden a retener los importes correspondientes en las cuentas de los deudores, existiendo un plazo de 20 días para que los mismos puedan hacer alegaciones antes el Servicio de Recaudación. Pasados esos 20 días, sin alegaciones o resultas negativamente, es cuando se transfieren los importes a la cuenta de Recaudación.

De hecho, el Ayuntamiento afirma que se han atendido 22 solicitudes para levantamiento de los embargos por razones de aplazamiento, fraccionamiento, etc. Con este procedimiento, que es el establecido en las normas tributarias, es posible que algunos deudores no hayan observado la retención en sus respectivas cuentas hasta el momento del traspaso, y de ahí puede venir la confusión.

Además, el concejal de Economía y Hacienda ha indicado que el Real Decreto Ley que establece el estado de alarma, no establece retroactividad en los procedimientos tributarios, por lo que no ha sido posible el retirar las diligencias ya practicadas el día 5 de marzo.

Clavero también ha vuelto a indicar que el calendario de cobro de tributos en voluntaria correspondiente al año 2020 está paralizado (sin aprobar ni publicar), por lo que no habría que dictar ningún aplazamiento de algo que no está en vigor.

Así, el concejal ha lamentado que el Partido Popular "aproveche este periodo del estado de alarma para alarmar a la población en un tema tan sensible como es el pago de los impuestos de los que se nutren los servicios que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía".