El caso de los vertidos puede llevar a la cárcel a una alcaldesa del PSOE de Castilla-La Mancha

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga desde este lunes a la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, y a dos concejales responsables de Medio Ambiente por permitir vertidos de aguas residuales sin depurar al río Tirteafuera.Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que pide que cada uno de los tres procesados sea condenado a tres años y seis meses de prisión.

En el escrito de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, se explica que tanto la alcaldesa, Jacinta Monroy -en el cargo desde 2011-, como el concejal de Medio Ambiente, Jesús Manuel Ruiz, y su antecesor, Antonio Gil, no implantaron una instalación adecuada a la depuración de aguas residuales urbanas e industriales a pesar de conocer que no existía y de que estaban obligados a tenerla desde el 1 de enero de 2006.

El ministerio público entiende que los acusados "han incumplido las condiciones cuantitativas y cualitativas en el vertido al filtro verde" ya que la autorización provisional de vertido "ha sido sistemáticamente incumplida" y no se han puesto "todos los medios necesarios para poner fin a los incumplimientos de la normativa medioambiental a que vienen obligados".

La Fiscalía mantiene que "lejos de adoptar medidas serías que garantizasen el respeto a los condiciones medioambientales de dominio público, los acusados han mantenido desde al menos el año 2014 la misma dinámica de actuación, consintiendo dichos vertidos en el ejercicio de las competencias atribuidas a los mismos como alcaldesa y concejales de Medio ambiente".

Explica que la existencia de que se habían producido vertidos de aguas residuales sin depurar fue constatada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en sucesivas inspecciones que se llevaron a cabo en marzo de 2014 y en noviembre de ese mismo año.

Los agentes tomaron muestras del agua que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología, y que determinaron que en el filtro verde y en el punto de vertido existía una elevada carga bacteriológica fecal propia de aguas residuales sin depurar.

Posteriormente, en enero de 2017, hubo otra inspección de agentes del Seprona, que recogieron muestras en un punto de vertido no autorizado y a 150 metros aguas abajo, y se determinó que "la calidad de las aguas del río Tirteafuera empeora por la recepción de los vertidos no autorizados".

Este deterioro también se apreció en las aguas subterráneas en los muestreos que se hicieron en pozos de parcelas situadas cerca del filtro verde entre agosto y diciembre de 2018, en los que el Instituto Nacional de Toxicología constató contaminación fecal, sobre todo en losmás próximos al cauce y vertidos del filtro verde.

Sin lasmínimas condiciones de mantenimiento

En septiembre de 2019 los agentes del Seprona hicieron otra inspección de la zona, que apreciaron que el estado de conservación general de la instalación de bombeo era "deficiente" y carecía "de las más mínimas condiciones de mantenimiento", y comprobaron que las dos bombas de la estación de bombeo estaban estropeadas.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que pide que cada uno de los tres procesados sea condenado a tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como al pago de una multa de 20 meses con cuota diaria de 20 euros.

Además, entiende que el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava es el responsable directo subsidiario de estos hechos como titular del vertido al tener atribuidas las competencias sobre alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.