Unos vecinos de Alcázar ganan el pulso a un fondo buitre por la pesadilla que han vivido durante años

Una jueza de Barcelona ha condenado a la empresa Building Center de CaixaBank a indemnizar con 1,5 millones de euros a una veintena de vecinos de una comunidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por las molestias causadas por la cesión de viviendas a personas sin recursos y la posterior depreciación de sus inmuebles.

En su sentencia, el juzgado de Primera Instancia número 52 de Barcelona ha estimado así la demanda interpuesta por los vecinos del "Residencial Quijote", representados por el bufete Le Morne Brabant Abogados, que alegaron haber sufrido "actos delictivos y vandálicos", como "ruidos insoportables", "conexiones ilegales a la luz y el agua" y "venta de droga".

El caso se remonta a 2009, cuando fueron puestos a la venta los inmuebles de un nuevo complejo residencial en Alcázar de San Juan formado por 119 viviendas y locales con zonas comunitarias y piscinas, que se promocionaron como pisos de lujo.

Sin embargo, la promotora Esmavering no pudo vender todos los pisos, por lo que La Caixa instó la ejecución hipotecaria y, entre 2011 y 2013, Building Center se adjudicó 40 viviendas, garajes y locales que un año después comenzó a alquilar a personas sin recursos, según la jueza.

De acuerdo con los vecinos, la comunidad empezó entonces a sufrir "actos delictivos continuados y daños en elementos comunes por parte de los inquilinos ocupantes de dichas viviendas y pese a los requerimientos realizados a la demandada, ésta no adoptó ninguna medida para paliar la situación".

"Los inquilinos hacían grandes ruidos en cualquier momento del día, en un piso de dos dormitorios vivían hasta 10 personas, arrojaban desperdicios de todo tipo por las ventanas, se conectaban ilegalmente a la luz y al agua", sostienen los demandantes.

De acuerdo con la defensa, el fondo introdujo "de golpe" en la comunidad a más de 70 personas, lo que provocó "un efecto llamada de individuos problemáticos" a quienes el fondo suscribió contratos de arrendamiento para "beneficiarse de las ayudas sociales" y que ha llevado a una depreciación de los pisos de casi un 30 %.

"Se habla de ruidos insoportables, puertas reventadas, conexiones ilegales a la luz y el agua, vertido de desperdicios y menores no acompañados en las zonas comunes. Se cita también la venta de droga, y a personas procedentes de la okupación", sostiene el despacho, que recuerda que, a consecuencia de estos actos, la compañía de seguros dio de baja la póliza y no se pudo encontrar otra que la sustituyese.

Por todo ello, la juez considera que Building Center hizo una "gestión incorrecta e inapropiada del inmueble, puesto que destinó las viviendas adquiridas a un uso social claramente incompatible con el uso residencial que hasta el momento se había desarrollado en la finca".

"Si Building Center SA hubiera sido el único propietario del bien, ningún problema habría habido. Pero la mayoría del inmueble era de titularidad privada y es obvio que el resto de los propietarios no tenían por qué tolerar similar situación", recalca.

No obstante, la magistrada ha desestimado la petición de daños morales al entender que, si bien los vecinos sufrieron "gravosas molestias", no ha quedado acreditado que sufrieran "padecimientos morales".

En su sentencia, la jueza también condena a Building Center a "adoptar las medidas necesarias para evitar la continuación del daño, eliminando o reduciendo en lo posible los ruidos y actos vandálicos".

Por su parte, la compañía alegó que las viviendas "no eran de alta gama, sino dirigidas a un público de bajo nivel adquisitivo", argumentó que las destinó a alquiler social "habida cuenta la situación de necesidad del país" y negó que hubiera "múltiples incidentes en la comunidad a causa de sus inquilinos".