Fueron contratadas por un ayuntamiento de Ciudad Real y jamás trabajaron allí: irán a juicio

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes 26 de abril a un trabajador del Ayuntamiento de Guadalmez (Ciudad Real) que dio de alta en la Seguridad Social a tres mujeres, acusadas también en la misma causa, como empleadas municipales.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Efe, el acusado, como trabajador con contrato de duración determinada del Ayuntamiento de Guadalmez y autorizado del sistema RED de la Seguridad Social, puesto de común acuerdo con tres mujeres, que le habían facilitado su documentación personal, las dio de alta en el año 2016 como trabajadoras municipales sin que las mismas hubiesen desempeñado nunca su trabajo en el mismo.

En concreto, el investigado dio de alta en el Régimen General como trabajadoras del Ayuntamiento a una de ellas desde el 9 de agosto hasta el 7 de noviembre de 2016, a otra desde el 14 de julio hasta el 31 de octubre de 2016 y a la tercera desde el 14 de julio hasta el 19 de julio de 2016.

Estas altas fueron anuladas de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social el 11 de agosto de 2017 al comprobarse que eran ficticias.

Beneficio no acreditado

No ha quedado acreditado que dichas altas se hiciesen por el acusado con el fin de conseguir que las acusadas disfrutasen indebidamente de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, habida cuenta que no consta que dos de ellas, tras el alta, percibieran prestación ninguna de la Seguridad Social.

Respecto a la otra acusada, sí consta que tras el alta percibió un subsidio de desempleo a tiempo parcial, desde el 10 de agosto hasta el 7 de noviembre de 2016 y desde el 8 de noviembre de 2016 hasta el 7 de mayo de 2017, si bien, señala la Fiscalía, no tiene causa en el alta indebida en el ayuntamiento que únicamente fue por cuatro días.

Hasta cinco años de cárcel

Los hechos por los que el acusado será juzgado son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial por el que procede imponerle una pena de cinco años de prisión y la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 20 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años.

Para las acusadas, el fiscal las considera culpables de un delito de falsedad documental oficial cometido por un particular y pide para cada una de ellas una pena de 10 meses de prisión y ocho meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.