Apoyo a los veterinarios sancionados por denunciar maltrato animal en Castilla-La Mancha

La plataforma Pueblos Vivos Cuenca ha manifestado su apoyo a los veterinarios funcionarios de Sanidad que levantaron actas informado de prácticas de maltrato animal en el matadero de Incarlopsa en Tarancón (Cuenca), después de que, según CCOO, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) con sede en Albacete, haya anulado el expediente disciplinario y las sanciones cautelares impuestas por la Junta a estos veterinarios, y ha exigido "responsabilidades políticas" por este caso de "persecución a funcionarios".

La plataforma ha recordado en nota de prensa que las prácticas de este matadero suponían dejar a los animales conscientes "provocando un sufrimiento que la normativa europea de bienestar animal prohibe expresamente" y asegurando que estas actuaciones "han supuesto en otros países el cierre de mataderos".

"En la localidad belga de Tielt, la organización Animal Rights grabó imágenes de lo que sucedía en el matadero de esta localidad, uno de los más importantes de Bélgica, cuando los cerdos no eran suficientemente aturdidos antes de las fases de degüelle, desangrado y escaldado, al igual que describe la sentencia del matadero de Incarlopsa", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que la "complacencia y claudicación" de la Junta de la que habla la sentencia "resulta muy preocupante, pero aún más las palabras del presidente Emiliano García-Page, que califica los hechos demostrados durante el procedimiento judicial como un falso rumor".

"Las palabras del presidente castellano-manchego no dejan de indignarnos a la vez que sorprendernos cuando pide que no se hable mal de Incarlopsa porque genera empleo", ha continuado la plataforma, que se ha preguntado si los intereses privados de Incarlopsa "están por encima de la ley y del interés público".

"Exigimos, por tanto, responsabilidades políticas por este caso de persecución a funcionarios de la Administración regional y de complicidad con una empresa que incumplía la normativa de bienestar animal durante cuatro años, sabiéndolo la administración y no habiendo actuado para erradicar estas prácticas, después de que las responsabilidades a nivel judicial ya han sido depuradas".