La Justicia advierte de sanción disciplinaria a la Junta por no informar sobre un polémico negocio

"El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) se ha dirigido por segunda vez a la Consejería de Medio Ambiente para que envíe el expediente de la polémica macrogranja de Almendros (Cuenca) que ha sido recurrido por los vecinos de este municipio conquense al detectarse en él múltiples deficiencias". Así comienza una nota de prensa de la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA), que recuerda que paga su defensa con las cuotas de más de un centenar de sus asociados y que se constituyó para defender “un atropello ambiental y un escándalo político que se sustenta básicamente en el interés económico de Incarlopsa – la cárnica situada a escasos 15 kilómetros de la granja y copromotora de la misma- y el alcalde del municipio, Acisclo Jiménez, del PP, que ha vendido sus tierras para facilitar la construcción de esta esta explotación".

La asociación ADERA, además, asegura que se trata de una segunda notificación que recibe la Junta por este mismo asunto. "A principios de septiembre el TSJCM resolvió admitir a trámite el escrito presentado por la Asociación e instó a la Junta a que, en un plazo de 20 días, enviará el expediente ambiental en el que se sustenta la autorización de esta granja.  Transcurrida con creces y sin éxito la fecha dada por el alto tribunal a la Junta recibir el expediente, el TSJCM ha vuelto a enviar a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente un requerimiento en el que le concede diez días, con la advertencia de sanción disciplinaria", explican.

Según ADERA, "la macrogranja de Almendros ha producido una importante polémica en la provincia de Cuenca por las múltiples deficiencias que la rodean y cuyos fundamentos fueron remitidos a la Consejería de Agricultura Medio Ambiente que, a tenor de los hechos, quieren dejar pasar el tiempo sin entrar en el fondo del asunto, conocedores de las deficiencias, y esperar a que transcurran las próximas elecciones y sea en última instancia un tribunal quien determine”.

"Esta falta de determinación política para abordar el fondo de la cuestión por parte de la Consejería (PSOE), unida a la participación del alcalde (PP), en su doble calidad de cargo público y propietario de terrenos, lo que pudiera tener derivaciones penales, inquieta especialmente a un municipio que observa una aparente colusión de intereses de la que el único beneficiado es Incarlopsa", finaliza la nota de prensa.