El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar la ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 21 de febrero que clausuraba un tramo ferroviario entre Tarancón (Cuenca) y Utiel (Valencia), perteneciente a la línea Aranjuez (Madrid)-Valencia Fuente de San Luis
La resolución llega tras la petición de 11 municipios afectados de las provincias de Cuenca, Valencia y Madrid para que se suspendiese cautelarmente la decisión, expresando que, si se ejecutase lo acordado, provocaría un grave perjuicio porque la infraestructura sería suprimida y retirada del trazado impidiendo que en el supuesto de una eventual estimación de los recursos contra el acuerdo el servicio de tren en la línea pudiera restablecerse.
Para el Tribunal Supremo, los recurrentes llevan razón cuando sostienen que la ejecución del acuerdo impugnado conlleva un perjuicio de difícil reparación para sus intereses. "Ciertamente, de llevarse a cabo su efectividad, podría implicar el desmantelamiento de la infraestructura que transcurre por los términos municipales de los ayuntamientos recurrentes dificultando en el futuro que pudieran retomarse las operaciones ferroviarias".
Asimismo, el alto tribunal recuerda que la pretensión principal que ejercitan los entes locales en este proceso consiste en que se declare la nulidad de la decisión y la continuidad del servicio. "Si se estimara dicha pretensión de nulidad en la sentencia que se dicte es claro que la eliminación de los elementos que conforman la infraestructura dificultaría o haría imposible la reanudación del servicio o exigiría una cuantiosa y excesiva inversión para su restablecimiento".
En este sentido, los magistrados expresan que el mantenimiento de la vía ferroviaria ya instalada no causa un perjuicio a la Administración del Estado.
Recurso
En concreto, el recurso fue presentado por el Ayuntamiento madrileño de Aranjuez, el toledano de Santa Cruz de la Zarza, los conquenses de Arguisuelas, Cañada del Hoyo, Carboneras, Castillejo del Romeral, Huete, Vellisca, Villora y Yémeda y el valenciano de Camporrobles.
La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero, para habilitar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a financiar las actuaciones previstas para la ejecución de un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca, tras aprobar la clausura del citado tramo Tarancón-Utiel.
Dentro de estas actuaciones, el Gobierno destacó el convenio en el que estaba trabajando ADIF con la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Cuenca para construir un vial que mejore la conexión de la estación del AVE con esta ciudad, los relativos a la rehabilitación de estaciones existentes en el trayecto y los de la utilización de la traza de la vía para uso turístico.
"No es un buen día"
Durante la clausura de la Asamblea General de la Confederación de Empresarios (CEOE Cepyme) de Cuenca, en alusión a la suspensión cautelar, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha lamentado la pérdida de una inversión de casi 40 millones de euros para la provincia. "Hoy no es un buen día, hemos perdido varios años con esta paralización", ha sentenciado.
Tal y como ha informado la Junta en nota de prensa, una decisión del Tribunal Supremo que supone que, "de momento, no se pueda conectar la estación del AVE con el centro de la ciudad de Cuenca y que ha venido motivada por el recurso que ha presentado el Partido Popular de la provincia a través de sus alcaldes".