El Ayuntamiento de Cuenca presentará un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde en favor de Albarracín (Teruel) de unos terrenos en disputa por ambos municipios, que ha decidido el Ministerio de Política Territorial.

El recurso se fundamentará en que el deslinde aprobado por Política Territorial supone la modificación de los límites municipales de Albarracín y Cuenca, de los límites provincias de Cuenca y Teruel, y de los límites entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón, ha indicado este viernes el alcalde conquense, Darío Dolz.

Asimismo, ha concretado que el problema se centra en la parte que afecta al monte de El Entredicho, el monte de titularidad pública número 12 de Albacarrín, del que Cuenca no discute que su titular sea el Ayuntamiento del municipio aragonés, pero sí sus límites.

Porque la modificación que ha aprobado el Ministerio de Política Territorial, "lo que hace es pegarle un bocado a la provincia de Cuenca, en el monte de El Entredicho" de unas 2.000 hectáreas, ha aseverado el regidor conquense.

Dolz ha reiterado que no se discute que el titular de este monte es el Ayuntamiento de Albarracín, porque así se inscribió en 2016 y porque los técnicos de la administración forestal de Cuenca no se opusieron al deslinde que se hizo en 1966, pero ha insistido en que "lo que se ha hecho es una modificación de los límites del término municipal, de la provincia y de la comunidad autónoma".

Atendiendo a esta consideración, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca ha decidido ir a los tribunales para recurrir la resolución del Ministerio de Política Territorial en la que ha aceptado el deslinde que proponía Albarracín.

La decisión del departamento ministerial de resolver en favor del deslinde que propone Albabarracín se fundamenta en un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del pasado mes de enero, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, Dolz ha explicado que el Ministerio ya adelantó al Ayuntamiento de Cuenca el sentido de su resolución antes de que se publicara el informe del IGN en el BOE, por lo que la Junta de Gobierno Local ya acordó el viernes de la pasada semana presentar el recurso contencioso-administrativo, para lo que dispone de un plazo de dos meses.