Latre, rotundo: las decisiones en los consorcios de Bomberos y Residuos "se ajustan a la ley"

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, ha negado las acusaciones realizadas desde PSOE y Ahora que calificaban de "golpe de mano" las decisiones del equipo de Gobierno sobre los consorcios de Bomberos y de Residuos, al asegurar que se ajustan a la ley.

Latre, en rueda de prensa junto al vicepresidente del CEIS y responsable de Consorcios, Francisco Javier Pérez del Saz, ha afirmado que su gestión y toma de decisiones sobre el funcionamiento de los consorcios es la que establece la Ley de Bases de Régimen Local que "es la que modifica y establece el número de representantes de los órganos de Gobierno".

Ha desmentido "rotundamente" las declaraciones realizadas  por los portavoces del grupo Socialista y de Ahora Guadalajara en la Diputación y ha recordado que "los estatutos vigentes los redactó y aprobó el Partido Socialista cuando constituyó el Consorcio de Bomberos en el año 2001" y son los que contemplan el voto ponderado.

Latre ha explicado que en la asamblea del miércoles, a la que no asistió Julio García (el portavoz socialista) porque "prefirió ir de ruta con García-Page, se aprobaron los nuevos estatutos que "eliminan, precisamente, el voto ponderado y las proporciones ridículas de representatividad que se atribuían a algunos municipios, y donde cada miembro pasará con los nuevos estatutos a tener un voto, tal y como nos marca la Ley".

Por tanto, ha concluido, "es mentira y rotundamente falso lo dicho ayer en la rueda de prensa".

Por su parte, el vicepresidente del CEIS ha explicado que todos los grupos políticos de la Institución están representados en la Asamblea General del CEIS y, prueba de ello, "es que son los propios grupos políticos los que remiten al Consorcio quiénes son sus representantes".

En cuanto a los intentos de judicializar las asambleas, Pérez del Saz ha criticado que el portavoz socialista "vaya instigando" a ayuntamientos para que pongan recursos y le ha recordado que existen ya dos auto judiciales que obligan a varios ayuntamientos a pagar las costas del letrado del Consorcio porque rechaza sus pretensiones de suspensión de asambleas, a través de la interposición reiterada de medidas cautelares.