La Fiscalía pide 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación para un exalcalde castellano-manchego del PP

El juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara acogerá a partir del martes día 17 de octubre el juicio contra el exalcalde 'popular' de Chiloeches César Urrea, para el que la Fiscalía pide un total de 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación al considerarle culpable de dos delitos de cohecho.

En las conclusiones provisionales del escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Fiscal considera probado que Urrea intentó articular una "estratagema" dentro del Ayuntamiento para intentar recuperar el apoyo perdido por parte de sus compañeros de bancada.

Así, explican que "por diversos problemas y desavenencias" perdió el apoyo de algunos de sus compañeros, "hecho éste que motivaba que estuviera gobernando en minoría", ya que hasta cuatro de los seis concejales del PP "ya no votaban sus propuestas".

Para recuperar las mayorías necesarias, planeó "corromper" a los concejales disidentes, para lo cual el 24 de enero de 2013 reunió en su despacho a una de las ediles de su grupo con quien había tenido problemas, a quien le pidió que dejara el acta de concejal junto a otra compañera a cambio de restablecer el sueldo a otros dos concejales del PP a quienes se les había retirado, una de ellas con dificultades económicas.

El plan, según la Fiscalía, pasaba por conseguir que esos dos concejales dejaran hueco en el Ayuntamiento a otros dos ediles afines al alcalde, pero los implicados se negaron a la propuesta.

Además, en febrero de ese mismo año, César Urrea se reunió con uno de los tres concejales socialistas, que pasaba por dificultades económicas, ofreciéndole un sueldo fijo mensual de 700 euros a cambio de que la bancada del PSOE apoyara sus propuestas en los plenos. En la oferta, llegó a incluir 500 euros de su propio bolsillo, algo a lo que el concejal socialista se negó.

Por estos hechos, el fiscal considera al exalcalde de Chiloeches autor de dos delitos de cohechos, por los cuales pide tres años de prisión y cinco de inhabilitación para cargo público por cada uno de ellos.