Ahora Guadalajara denuncia la "represión" que está viviendo un colectivo y señala con el dedo

El grupo municipal Ahora Guadalajara ha denunciado, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG), el incremento de la represión que se está produciendo en la ciudad y la "persecución" a determinados colectivos, entre ellos la PAH.

En rueda de prensa, la concejala de Ahora Guadalajara Susana Martínez ha alertado de las "denuncias y persecución que desde hace unos meses está sufriendo la PAH" con la "clara intención de callar el trabajo" que realiza el colectivo.

"Es una manera de criminalizar y perseguir la acción conjunta y solidaria", ha dicho la edil, quien ha insistido en que van a denunciar "lo que creemos que es una persecución y un intento de callar a los que están en la calle defendiendo derechos fundamentales".

Según ha señalado, "cuando la respuesta a la acción conjunta son denuncias, multas, sanciones y juicios se genera una indefensión" para los ciudadanos.

Por su parte, el representante de la PAG, Henry Herchhoren, ha asegurado que "la represión se ha ensañado con los movimientos sociales de esta ciudad" y ha responsabilizado a la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.

Según ha dicho, en los cinco años de trayectoria política de la Plataforma han sumado casi 50.000 euros en multas "por imaginar una ciudad más activa, más dinámica, más crítica", unas multas "absurdas, muchas veces sin base legal, que después de años de recursos cuando se llega al tribunal contencioso-administrativo, han sido retiradas".

Asimismo, la representante de la PAH, Julia Sánchez, también ha denunciado el "incremento brutal de la represión" que está sufriendo el colectivo, sobre todo a partir del verano.

18 denuncias este mes

Así, durante este mes ha habido 18 personas denunciadas en Guadalajara acusadas de delitos contra el orden público "que puede conllevar multas, antecedentes penales e incluso cárcel", ha señalado

Para Sánchez, se trata de "un intento de criminalizar" la defensa "del derecho a la vivienda".

Los representantes de la PAG y de la PAH han puesto como ejemplo de la "represión" que denuncian una "acción pacífica" ante una entidad financiera en verano de 2016 para impedir el desahucio a una madre y su hija.

Año y medio después se ha llevado a unas personas a juicio por pegar pegatinas en la fachada de la sucursal con unos gastos de limpieza posteriores de 46 euros, según la denuncia interpuesta.

"Nos parece desproporcionado y un disparate usar así la justicia para generar miedo", han criticado.