El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que los agentes medioambientales, "en el ejercicio de sus funciones", levantaron un acta por la repoblación de Fraguas (Guadalajara) y que la Junta ha tenido que tramitarla porque lo contrario sería "un delito muy grave".

De este modo se ha pronunciado Martínez Arroyo en el pleno de las Cortes, respecto a los repobladores de Fraguas, que mañana irán a juicio tras haber sido denunciados por el Gobierno regional por usurpación de monte público, por lo que se enfrentan a cuatro años de prisión y a sanciones económicas.

El consejero ha señalado que cuando una cuestión está judicializada "hay que ser muy prudente" y ha añadido: "No se puede permitir el fuego en un espacio natural en época de incendios y no se puede permitir la construcción en un espacio de la Red Natura sin permiso".

Por ello, ha afirmado que los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, "en el ejercicio de sus funciones", levantaron un acta y que es "obligación" de la Administración tramitarla porque lo contrario sería "un delito muy grave".

Martínez Arroyo ha explicado que se han reunido en varias ocasiones con los repobladores de este antiguo municipio a los que se han ofrecido "alternativas".

"Tenemos pueblos abandonados en esa zona que no tienen complicaciones desde el punto de vista ambiental y que se podrían poner a su disposición, pero no lo han querido", ha apuntado el consejero.

Y ha subrayado: "Nuestra predisposición ha sido total, pero ante un acta de un agente medioambiental no tenemos otra cosa que actuar". 

Ofrecimiento de García Molina

Mientras, su compañero de Ejecutivo y secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, se ha ofrecido como mediador entre la Junta de Comunidades y los repobladores de Fraguas (Guadalajara) para llegar a una solución acordada entre las partes.

En un mensaje escrito en su perfil de la red social Facebook, García Molina ha hecho este ofrecimiento ante la "inminente cita judicial" contra los repobladores de Fraguas, que mañana irán a juicio tras haber sido denunciados por el Gobierno regional por usurpación de monte público, por lo que se enfrentan a cuatro años de prisión y a sanciones económicas.

García Molina, que es vicepresidente segundo del Gobierno regional, ha considerado que la situación merece una "solución justa", pues ha recordado que Castilla-La Mancha tiene un "grave problema de despoblación" y ha opinado que "castigar a un colectivo de jóvenes que están buscando alternativas para recuperar los pueblos, sería lanzar un mensaje muy negativo para la sociedad".

Por ello, se ha ofrecido a mediar entre el Gobierno regional y los repobladores, para "encontrar una solución acordada entre las partes".

"Estoy convencido que, si tenemos en cuenta que nadie duda del valor de este proyecto para nuestra tierra, podemos llegar a un acuerdo en el que prevalezca el sentido común, la proporcionalidad y la justicia", ha concluido García Molina.