Piden una "salida dialogada" para seis jóvenes que pueden ir a la cárcel por repoblar un pueblo en Guadalajara

Ahora Guadalajara va a presentar una moción de apoyo a los repobladores de Fraguas, que se debatirá mañana en el pleno de la Diputación y el próximo día 28 en el Consistorio capitalino, para instar a la Junta la búsqueda una "salida dialogada" al conflicto con este colectivo.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ahora Guadalajara en la Diputación, Francisco Riaño, la intención es que la Junta se adhiera a la apelación de la defensa y busque una salida después de cursar una denuncia contra el colectivo por delito de usurpación por la repoblación del pueblo abandonado de Fraguas.

El portavoz del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, José Morales, ha recordado que en Fraguas "la despoblación se vio acelerada por la expropiación forzosa del Estado en 1969 para la declaración de monte de utilidad pública", que convirtió en rústico todo el terreno urbano, aunque "según la legislación de entonces y la de ahora los bienes de uso público son inalienables, inembargables e imprescriptibles".

Además, Morales ha achacado el "deterioro físico" de Fraguas "al propio del abandono y de la destrucción derivada de prácticas de tiro realizadas por el Ejército de Tierra".

En este contexto, y "tras este deterioro continuado", Riaño ha ampliado que "en 2013 un grupo de jóvenes decidieron repoblar Fraguas, reconstruyendo edificios de los que apenas quedaban los cimientos, empleando técnicas constructivas tradicionales y sin causar daño a los bienes de uso público".

Un hecho, ha apuntalado, que "reconoce la propia Junta y la sentencia contra los repobladores a raíz de la declaración de agentes de la Guardia Civil" porque, ha razonado, "su filosofía persigue el menor impacto medioambiental y el empleo de usos constructivos y agrícolas de bajo impacto".

Pese a todo, la sentencia, recurrida por la defensa tras la denuncia de la Junta, condena a los seis jóvenes encausados a penas de prisión y multas económicas que ha calificado de "totalmente desproporcionadas".

De ahí, la presentación de la moción, para instar a la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a que "se adhiera a la apelación de la sentencia" y también que "emplee otras vías de protección de sus bienes jurídicos, menos gravosos para las personas conforme al principio de intervención mínima que debe regir en el ámbito penal", ha precisado Riaño.

"Es desproporcionada la petición de privación de libertad, porque este colectivo ni es el 'Pocero' ni Fraguas es el 'Algarrobico'", ha comparado Riaño, quien ha recordado que la propia sentencia, en su punto noveno, afirma que "los fines que persiguen los acusados coinciden con el hecho de que la propia Junta considera la zona como zona de Inversión Territorial Integrada (ITI)".

Y, por ello, "tiene por finalidad frenar el despoblamiento, conseguir el relevo generacional, dar continuidad a los pueblos, exactamente lo que persigue el proyecto de repobladores".

"La propia sentencia", ha proseguido Riaño, "dice que sería positivo que las partes encontraran una solución dialogada al conflicto, y esto es literal" por lo que ha entendido que "el poder llegar a un acuerdo es voluntad política del Gobierno regional".

"Parece evidente que la Junta se ha pasado de frenada. Existe una desproporción entre los hechos y la pena de privación de libertad y ella lo sabe", ha asegurado Riaño para quien "pedir penas de prisión para un proyecto como el de Fraguas escapa a toda razón y por eso pedimos a la Junta un mínimo de humanidad y coherencia con las políticas que dicen defender", ha zanjado.