Dura denuncia sobre el dato escalofriante de Guadalajara en relación con la vivienda

"La cifra y el incremento es escalofriante. Cada día en la provincia de Guadalajara, los juzgados de primera instancia ejecutan al menos un desahucio por impago del alquiler. Si el año pasado se ejecutaron 264 desahucios diarios por este motivo (0.74 por día), los dos primeros trimestres del año han dado como saldo la cifra de 0.95 lanzamientos diarios, esto es, casi uno por día derivado de situaciones que tienen que ver con la imposibilidad de las familias de nuestra provincia de hacer frente al pago del alquiler". Así lo ha denunciado en nota de prensa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara .

Afirma dicha Plataforma que la situación empeora si se analizan los casos de ejecuciones hipotecarias: "Si bien no siempre se trata de ejecuciones de familias, es muy relevante el dato. De los 288 desahucios por hipoteca durante todo el 2017, solo en los dos primeros trimestres de 2018 ya ha habido 195 lanzamientos por este motivo, esto es, una media de 1,05 desahucios por día en la provincia. Es decir, en Guadalajara vamos a 2 desahucios por día por alquileres o hipotecas".

A falta de una estadística provincial, los datos que publican del año 2017 los registradores de la propiedad señalan un dato más que importante, y es que, por ejemplo, más del 15 % de las compraventas de vivienda en Castilla-La Mancha, esto es, viviendas adquiridas por fondos de inversión, lo que viene a ser "fondos buitre" y que adquieren vivienda usada con fines netamente especulativos. Y decimos vivienda usada porque, según los registradores, el 82,63 % de las viviendas adquiridas son de segunda mano.

A esta cifra gravísima suman la de los desahucios realizados por la vía penal, los llamados 'procesos de usurpación': "Desde el año 2017 los deshaucios derivados de este tipo de  procesos no se desglosan en la estadística judicial para la provincia. No obstante,  no cabe ninguna duda de que vienen derivados de la falta de recursos económicos que empujan a las familias al acceso precario de la vivienda. La interpretación de estos datos nos lleva a la conclusión de que ni en Guadalajara ni  en Castilla-La Mancha existen políticas encaminadas a garantizar nuestro derecho a la vivienda, del mismo modo que ni el poder judicial ni las administraciones autonómica s parecen  estar dispuestos a respetarlo". 

La Junta no acata la resolución de Naciones Unidas

Recuerdan que en el mes de septiembre, Naciones Unidas admitió a trámite una denuncia realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara en la que se instaba a España y al Juzgado de Primera Instancia nº1 de esta ciudad a que otorgara alternativa habitacional "a nuestra compañera Safira, o que en su defecto, paralizara el desahucio". La solicitud del comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC) adoptaba esta decisión, según la Plaaforma, "ante la inacción de la Junta de Castilla-La Mancha, quien ha sido requerida en reiteradas ocasiones a cumplir con sus obligaciones dado que el Reino de España es suscriptor de su Tratado constitutivo".

Ni el juzgado ni la Junta, denuncia la Plataforma, han acatado los términos de dicha comunicación "a pesar de las circunstancias económicas de nuestra compañera, pensionista de la seguridad social con unos ingresos mensuales de 380 euros, y que como tantas otras familias no pueden acceder a una vivienda a precio de mercado. El panorama que nos encontramos diariamente en nuestro colectivo es precisamente éste: familias que no pueden hacer frente a las condiciones que los arrendadores o los bancos imponen para acceder a una vivienda digna".

Con todo esto, desde PAH Guadalajara han convocado a todos los grupos de vivienda y movimientos sociales el próximo día 22 de octubre de 2018, a las 9:00 en la C/Salvador Allende nº2 de Guadalajara a parar el desahucio de Safira.

Explican que a esto se le suma cómo los fondos de inversión inmobiliaria, ya sean propiedad de bancos españoles o de empresas extranjeras, han ido adquiriendo a bajo coste viviendas usadas para especular con ellas. 

Ponen como ejemplo que en el año 2007, la promotora Quabit comenzaba a ofrecer viviendas de VPO en alquiler en esta zona de la ciudad, gracias a la calificación de vivienda protegida otorgada por el entonces gobierno de Joé María Barreda, que permitió a la promotora de Félix Abánades construir en circunstancias claramente ventajosas.

"Con alquileres plagados de sobreprecios y con una ausencia total de supervisión por parte de la Junta, en el año 2017, el fondo buitre del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria "Anida", se hacía con esta promoción en una extraña operación de compraventa a precio de ganga, cuando faltaban pocos meses para que transcurriera el período de protección, momento en el cual Anida y su socia norteamericana Cerberus, empezaron una guerra sin cuartel contra las familias con el fin de que se fueran u ofreciendo precios de compraventa que en algunos casos cuadruplicaban el valor máximo legal establecido para una VPO", explican en la nota desde la Plataforma.

El colofón a estos atentados contra el derecho a la vivienda, termina la nota, "lo ha dado Alejandro Ruiz, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, con una propuesta claramente oportunista de ahondar en la persecución de quienes recuperan viviendas vacías 'retenidas' por los bancos". La moción que proponía C's, apoyada por el PSOE con argumentos muy similares, ha hurgado en el aspecto más mediático de la recuperación de viviendas: "los problemas de convivencia".