La lucha de Safira, una joven con el 66 % de discapacidad que va a ser desahuciada en Castilla-La Mancha

Amnistía Internacional ha alertado de que, Safira Sánchez, una mujer de 23 años y con un 66 por ciento de discapacidad, puede ser desahuciada el lunes 22 a pesar de que no cuenta con una vivienda alternativa, lo que conllevaría incumplir las medidas cautelares establecidas Nacionales Unidas.

En una nota de prensa, Amnistía Internacional ha señalado que el 5 de septiembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) exigió la paralización del desahucio de Safira Sánchez, que está previsto para este lunes 22 de octubre a las 9.00 horas.

Safira, según ha explicado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, es pensionista con unos ingresos mensuales de 380 euros, que no puede acceder a una vivienda a precio de mercado.

Esta plataforma ha explicado que Safira "recuperó" una VPO que, en el año 2014, llevaba al menos cinco años vacía y había sido adquirida por Kutxabank que, una vez finalizado el plazo de exenciones fiscales, ha decidido denunciar a la joven para poder vender la vivienda a precio de mercado, a pesar de que ésta se ha ofrecido a pagar un alquiler ajustado a sus ingresos económicos.

Sobre este asunto, Amnistía Internacional ha recordado que el Comité DESC ha solicitado la suspensión del desahucio o que, alternativamente, se le otorgue una vivienda adecuada a sus necesidades, para evitar posibles daños irreparables a la afectada, mientras el caso está siendo examinado por esta instancia.

"Los órganos judiciales deben cumplir las resoluciones de órganos de Naciones Unidas cuya competencia para adoptar medidas cautelares a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima ha sido aceptada por España", ha exigido el coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, Alfonso Sánchez.

En este sentido, ha recordado que España, firmó y ratificó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2009 y 2010 respectivamente.

Mediante esta ratificación, España reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones conforme a lo dispuesto en el Protocolo y para adoptar medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación, y ello antes de pronunciarse sobre el fondo de una comunicación.

Amnistía Internacional ha advertido de que Safira se encuentra en una situación vulnerable y ha lamentado que si no se le ofrece una alternativa habitacional, incrementará su situación de desamparo.

Asimismo, la organización ha escrito a las autoridades competentes a nivel autonómico y local para recordarles su obligación de proveer de una vivienda alternativa a las personas sin recursos que hayan sufrido un desalojo.