Decenas de personas han intentado evitar el desahucio de Safira Sánchez, una mujer de 23 años y con un 66 por ciento de discapacidad, aunque finalmente este se ha producido y la mujer ha tenido que ser trasladada en ambulancia al Hospital General de Guadalajara, debido a una crisis de ansiedad.  Fuentes del Sescam han señalado que la mujer ya ha sido dada de alta.

Así lo han indicado a Efe fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que han confirmado que aunque el desahucio estaba previsto a las 9.00 horas, no se ha producido hasta más allá de las 10.00 horas, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad allí presentes han entrado "por la fuerza" a la vivienda y han ejecutado la orden judicial que pesaba sobre la misma.

El diputado de Podemos en las Cortes regionales David Llorente, que ha sido una de las personas que desde las 6.00 horas de hoy han estado junto a Safira en la vivienda para evitar del desahucio, ha criticado duramente la medida, ya que esta mujer padece una cardiopatía por la que le han diagnosticado una discapacidad del 66 por ciento, no tiene otro alojamiento.

El diputado de Podemos en las Cortes ha explicado que Safira llevaba varios años como okupa en una vivienda de protección oficial que estaba vacía y que la entidad bancaria propietaria del inmueble ha solicitado el desalojo de esta persona, que debido a la tensión de la situación y a su enfermedad ha tenido que ser trasladada al Hospital en ambulancia.

Llorente ha alertado de que la ejecución de este desahucio ha supuesto incumplir las medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) de Naciones Unidas.

Así, ha recordado que el DESC exigió la paralización del desahucio, pues además de la discapacidad que padece, se encuentra en una situación de "extrema vulnerabilidad", ya que sus ingresos se reducen a una pensión de 380 euros mensuales.

Fuentes de la PAH han confirmado que esta vivienda, "de las antiguas VPO" ya fue objeto, hace años, de un desahucio y quedó en propiedad de una entidad bancaria. Posteriormente, según las mismas fuentes, fue ocupada por Safira Sánchez, que vivía con su pareja. Ante la situación, la entidad bancaria cursó denuncia por esta ocupación irregular, que ha finalizado con el desahucio de hoy.

Safira ya se había enfrentado, en los últimos meses, a otros dos intentos de desahucio, si bien en las anteriores ocasiones se pudo paralizar el proceso.

"No sé si tendrá que dormir debajo de un puente"

Por su parte, la madre de Safira, Pilar de los Reyes, ha asegurado a Efe que, tras el desahucio, desconoce dónde va a pasar la noche su hija. "No sé si tendrá que dormir debajo de un puente y no sabemos qué vamos a hacer con todo esto que nos han dejado en la calle", ha lamentado.

De hecho, algunos enseres de la vivienda, como la nevera, un colchón, bolsas con diversos efectos e incluso algunos alimentos eran visibles en las zonas comunes de la comunidad de vecinos donde se ubica esta vivienda. "Esto es el Gobierno que tenemos en Castilla-La Mancha", ha denunciado la madre, "que dejan a personas enfermas en la calle".

La Junta ha ofrecido alternativas

En cambio, el director provincial de Bienestar Social, Jose Luis Vega, ha matizado a Efe que el desalojo de esa vivienda no ha sido promovido ni dictado por la Administración autonómica sino que es fruto de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria propietaria de la vivienda.

"En el momento que tuvimos constancia por parte del juez, nos pusimos en contacto con la afectada para otorgarle una solución habitacional. Ella quería una vivienda pero actualmente existe un registro de más de 2.000 personas demandantes de vivienda en Guadalajara y la administración no puede saltarse arbitrariamente este listado porque sería una irregularidad", ha explicado Vega.

En este sentido, ha señalado que se le ofreció varias alternativas, entre ellas una ayuda de emergencia social que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada; alojamiento temporal para situaciones de emergencia social; o acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, en el Albergue de Betania", pero hasta la fecha la interesada no ha aceptado ninguna de las alternativas ofertadas.

"No se ha presentado a ninguna de las tres citas con servicios sociales que se convocó y le remitimos vía burofax a su abogado estas alternativas", añade Vega, quien ha señalado que la dirección provincial de Bienestar Social sigue a su disposición "para ofrecerle todo el apoyo familiar y social posible".