Castilla-La Mancha, afectada por una red de estafas a vendedores de móviles que ha sido desmantelada

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado una red que supuestamente estafó a más de un centenar de vendedores particulares de teléfonos móviles a través de una conocida aplicación de compraventa de artículos de segunda mano repartidos por varias provincias, entre ellas Guadalajara.

En total se han practicado ocho detenciones y han sido investigadas 15 personas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Almería, Málaga, Granada, Guadalajara, León, Salamanca y Girona, en el marco de una operación que partió de la denuncia de un afectado de Ponte Caldelas (Pontevedra).

El importe de la estafa, en su conjunto, podría superar los 50.000 euros, si bien el número total de víctimas está aún pendiente de determinar. La llamada 'Operación Silver 7' se inició en noviembre de 2018 a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la localidad pontevedresa de Ponte Caldelas que había sido engañado en la venta de un teléfono móvil en internet.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil de Cangas (Pontevedra), en colaboración con la Comisaría de la Policía Nacional de Valencia, llevaron a la desarticulación de este presunto grupo criminal organizado, con ramificaciones en varias provincias españolas. La metodología delictiva investigada consistía en contactar con las personas que tenían ofertada la venta de los terminales telefónicos a través de una conocida página de internet.

Una vez que llegaban a un acuerdo en el precio, pasados unos días el comprador le informaba al vendedor de que ya le había transferido el importe a través de un aplicativo de la propia página. No obstante, le advertía de que estaba bloqueada la orden de pago debido a que, por error, le había ingresado una cantidad de dinero superior a la acordada.

La solución para desbloquear la orden de ingreso y así poder recibir el dinero acordado pasaba porque el comprador enviase por mensajería el terminal y la cantidad en exceso que pensaba recibir, que normalmente oscilaba entre 300 y 400 euros. Finalmente, los teléfonos móviles los vendían a través de internet o en establecimientos de compraventa de segunda mano y el importe de lo recaudado lo enviaban a otras personas que supuestamente residían en Nigeria.