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Guadalajara LA JUNTA DE PERSONAL DEL ÁREA DE SALUD

Denuncian ante la Inspección de Trabajo la "gravísima" situación de los sanitarios en Guadalajara

23 abril, 2020 11:49

La Junta de Personal del Área de Salud de Guadalajara ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Dirección provincial por la falta de equipos de protección individual (EPI) y el uso de mascarillas no homologadas que ha distribuido el ministerio de Sanidad.

Ha manifestado la necesidad de que, a todos los trabajadores de hospitales, centros de salud, puntos de atención continuada y centros sociosanitarios se les realice el test o PCR para detectar la enfermedad por coronavirus, han informado en nota de prensa.

"Hemos comunicado también a la Inspección de Trabajo la escasez y ausencia diaria de los EPI, así como las dificultades con las que se encuentran a la hora de realizar una desinfección adecuada de ellos, ya que nos consta que parte de ellos son lavados y esterilizados, incluyendo aquellos que el fabricante recomienda no reutilizar", han explicado.

Ha mantenido que, pese a la normativa existente y los numerosos protocolos publicados al respecto, "los profesionales que prestan servicios en centros hospitalarios, Atención Primaria y centros sociosanitarios no cuentan con los EPI necesarios para poder trabajar de la forma más segura posible al entrar en contacto con los pacientes y poner, de este modo, en gravísimo riesgo su salud e integridad, así como la de la propia población".

Estas mascarillas fueron distribuidas a los trabajadores y se han estado utilizando desde hace al menos siete días, "por ello, es imprescindible que se realicen test y PCR a todos los trabajadores o actuar en base a la 'Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios', en la versión del día 13", ha reclamado.

Y ello, ha considerado, porque "el personal que uso dichas mascarillas no estaban usando un equipo de protección adecuado y, por tanto, hay que actuar según dicha guía".

Todo lo descrito, a su juicio, "supone un gravísimo incumplimiento de las normas tanto estatales como autonómicas, y lo que es aún más importante, un gravísimo atentado contra el derecho a la salud y la integridad física y psíquica de los profesionales, trabajadores y terceros (pacientes, familia, compañeros de trabajo), al suponer una exposición continuada al virus, sin contar para ello con las garantías necesarias a tal fin", ha zanjado.