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La Fiscalía pide 4,5 años de cárcel para un activista de Castilla-La Mancha
La Fiscalía de Guadalajara ha solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión para un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, en marzo de 2019, fotografió a los miembros de la comisión judicial que estaban ejecutando un desahucio, en el Barrio del Alamín, de una pareja con un bebé.
Según ha informado la PAH en una nota de prensa, los funcionarios desalojaron a una pareja de 17 y 19 años y a su bebé recién nacido, cuando el imputado, vecino de ese barrio, protestó junto a otras personas desde los balcones y difundió las imágenes del lanzamiento.
La PAH ha convocado una rueda de prensa este martes para denunciar "un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información".
Auto de procesamiento
El auto de procesamiento señala al activista, con la única acusación de la fiscalía, como autor de un posible delito de injurias con publicidad, un delito contra la intimidad y otro de desobediencia, por el que se solicita una pena de cuatro años y medio de prisión.
En su escrito de acusación, el fiscal refiere que cuando los agentes judiciales habían realizado todas las diligencias correspondientes y se encontraban esperando en la vía pública, el acusado comenzó junto a otras personas no identificadas a fotografiar a los miembros de la comisión judicial y luego publicó las fotografías en redes sociales desde la página de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
El fiscal se acoge al "derecho a la intimidad" de los funcionarios judiciales para formular esta acusación, "a pesar de que estaban practicando una actuación en la vía pública, mediante un procedimiento judicial que no era secreto y con un despliegue policial que llamaba la atención de cualquiera", ha afirmado la PAH.
El derecho a la información
La plataforma ha señalado que "en España las actuaciones judiciales son públicas, siempre y cuando las mismas no estén bajo secreto, que no era el caso", pero a pesar de eso la imputación la han enmarcado en los llamados "delitos de revelación de secretos".
A su juicio, "este procesamiento y esta actuación de la fiscalía pone en grave peligro el derecho a la información", además, la PAH ha considerado que el lanzamiento supuso "una vulneración grave de derechos humanos básicos, y en especial los de la infancia, pero por alguna razón alguien no quiere que se sepa que en España, y en Guadalajara, se desahucia a bebés, y es más, quiere aún encima que quienes lo ejecutan permanezcan en el anonimato".
