El Pleno de Azuqueca rechaza por unanimidad el nuevo Centro de Acogida de Protección Internacional
- PSOE, PP, IU y Vox votan en bloque para pedir al Gobierno central "la paralización inmediata" del proyecto y la reversión de la parcela al Ayuntamiento.
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El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha acordado por unanimidad solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la “paralización inmediata” del proyecto de construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) que el Gobierno de España ha proyectado en Azuqueca, así como iniciar los trámites precisos para retrotraer la situación jurídica de la parcela al momento anterior de la enajenación.
El Ayuntamiento, según explicó el alcalde, Miguel Óscar Aparicio, justificó la nulidad de la enajenación de la parcela donde se quiere construir el CAPI en tres aspectos: en primer lugar, por falta de motivación porque “es imprescindible que se justifique que el bien que se va a enajenar no resulta necesario para el uso general, ni para el servicio público, ni resulta conveniente su explotación”.
Como segundo motivo, el alcalde alegó que “no consta que se haya seguido un proceso participativo y, por ende, este incumplimiento compromete tanto la legitimidad de la cesión como la fundamentación jurídica”. Y a esto hay que añadir que “no se ha seguido formalidad legal para la desafectación de la parcela”.
Todos de acuerdo
Mane Corral, portavoz del PP, recordó que en 2022 se rechazó en el Pleno una moción presentada por su partido y en la que se pedía la paralización de la cesión del terreno para la construcción del CAPI y que, en ese momento, el equipo de Gobierno votó en contra. Asimismo, quiso aclarar que esta solicitud al Ministerio no garantiza que no se construya el CAPI en Azuqueca.
Por su parte, el portavoz de Vox, Miguel Ángel Flores, explicaba que su grupo “nunca ha querido que este edificio se ubicara aquí”. Asimismo desde IU, María José Pérez, insistía en que “el procedimiento no fue el adecuado, sino que se tramitó a golpe de decreto”. Además subrayó que fue una decisión “con un fin económico, no solidario” y que, en caso de pararse la construcción, habrá que devolver 1,7 millones de euros que el Estado ingresó al Ayuntamiento por la enajenación de la parcela.
El alcalde ha señalado que “los concejalas y concejales no querían este centro, pero les llegó hecho”. “No voy a justificar lo que se hizo, solo me he dedicado, junto con el resto del equipo, a trabajar para revertir una situación, que no tenía que haber pasado”, ha dicho. “El Ministerio deben entender que el Pleno de Azuqueca no quiere este centro y no por falta de solidaridad”, concluyó.