La Fiscalía pide prisión permanente revisable para el acusado de matar a Cristina Martín en Mora (Toledo)

La Audiencia provincial de Toledo acogerá entre el 8 y el 11 de abril de 2019 el juicio con jurado por el asesinato de Cristina Martín en febrero de 2017 en la localidad toledana de Mora presuntamente a manos de su marido, en prisión preventiva desde la fecha de los hechos.

La Fiscalía ha confirmado la fecha prevista para el juicio, en declaraciones a los medios de comunicación, y ha confirmado que ha pedido para el acusado prisión permanente revisable y, para tranquilidad de la familia, que se le quite la patria potestad de su hija así como que no pueda acercarse a ella si saliese en libertad.

La solicitud de prisión permanente revisable ha sido posible, ha explicado la Fiscalía, porque acusa a J.R.G. de asesinato con alevosía, porque la víctima se encontraba en silla de ruedas por una enfermedad llamada "huesos de cristal" y no tenía por tanto posibilidad de defensa, y por la denominada 'alevosía de género' -de la que existe jurisprudencia- por la relación entre la víctima y el asesino.

El acusado, que se ha acogido a su derecho a no declarar desde que ocurrieron los hechos, está en prisión preventiva, la cual se ratificó y prorrogó más allá de los dos años iniciales el pasado 26 de octubre en una vista a la que también acudió la familia de la víctima, apoyada por la Asociación de Mujeres "María de Padilla", ante el temor de que el presunto asesino pudiera salir en libertad en febrero de 2019.

Los hechos que se juzgarán en abril ocurrieron el 5 de febrero de 2017 en el domicilio familiar, cuando Cristina Martín, de 38 años, fue agredida con arma blanca por su marido, de 44, delante de su hija -de apenas 5 años- y la abuela, asestándole dos puñaladas, en el corazón y el pulmón, que acabaron con su vida.

Su hermana, Pilar Martín, encargada de la guardia y custodia de su sobrina, fue la que dio el aviso al servicio de emergencias 112 y a la Guardia Civil después de que Cristina, momentos antes de morir, le avisara a través de un mensaje de las intenciones homicidas del acusado.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular -formada por los abogados de la familia y de la Junta de Comunidades- piden prisión permanente revisable, mientras que la abogada de la defensa solicitó en la última vista el ingreso del acusado en un centro psiquiátrico.