La Policía destapa en Toledo un millonario fraude de grupos empresariales a la Seguridad Social

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en la provincia de Toledo la operación “BOLO”, con actuaciones de investigación dirigidas contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como hostelería, comercialización de productos de alimentación, publicidad, restauración, cerrajería, carpintería metálica, promoción y venta de viviendas, fabricación y venta de material ganadero. El fraude total asciende a 1.424.323,90 euros. Han sido detenidas dos personas y otras tres investigadas no detenidas por su presunta participación en delitos contra la seguridad social y frustración de la ejecución, tal como informa el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas e investigado a otras tres por su presunta participación en delitos contra la Seguridad Social, a la que defraudaron más de 1,4 millones de euros a través de varias empresas, en la provincia de Toledo.

En esta actuación, denominada operación "Bolo", la Policía ha destapado diversos grupos empresariales que habían cometido fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como hostelería, comercialización de productos de alimentación, publicidad, restauración, cerrajería, carpintería metálica, promoción y venta de viviendas, fabricación y venta de material ganadero.

Según informa este viernes la Policía en un comunicado, han detenido a dos personas y otras tres están investigadas no detenidas por su presunta participación en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y frustración de la ejecución.

Investigaciones

Las investigaciones comenzaron en julio de 2020, tras recibir varias denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social por presuntas irregularidades llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social, unas empresas que se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Toledo y Torrijos.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, y sin solicitar concurso de acreedores como reconocimiento frente a acreedores de la imposibilidad de afrontar los pagos debidos.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.

Los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) han podido determinar la participación delictiva de 24 personas físicas, principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros.

Impago sistemático

Una de las mercantiles investigadas, ubicada en una localidad de Toledo, desde el inicio de su actividad en el año 2010 generaba deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social por el impago sistemático y continuo de cotizaciones.

El administrador de esta mercantil había constituido sucesivamente un total de nueve empresas, desde 1991, con la finalidad de encubrir las deudas generadas con la Seguridad Social, incumpliendo la obligación de solicitar los preceptivos concursos de acreedores, como muestra de transparencia frente a otros actores del tráfico mercantil, minimizando los perjuicios económicos a terceros.

Además, con el fin de evitar embargos y ocultar los beneficios reales de deudores, este empresario creó una sociedad instrumental sin deudas contraídas con la Seguridad Social, que fue utilizada en la facturación con proveedores, a pesar de que carecía de trabajadores.

El administrador de este entramado mercantil había sido propietario en el periodo de 1991 a 1993 de ocho bienes inmuebles que, tras poner a nombre de sus dos hijas, fueron aportados en la ampliación de capital de una tercera sociedad, sin actividad laboral ni trabajadores, en las que ellas figuraban como administradoras pese a que estaban contratadas como trabajadoras en otra empresa del padre.