La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en pisos de A Coruña y Denia (Alicante), fundamentalmente, donde las mantenían encerradas con candados en la puerta de entrada de la vivienda y a las que obligaban a consumir cocaína para que dependieran más de sus captores.
En el Día mundial contra la trata, que se celebra este viernes, la Dirección General de instituto armado ha informado de la operación Chacao, ejecutada por la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) y por la que han sido liberadas cinco mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana.
Diez personas -cinco hombres y cinco mujeres (cuatro de nacionalidad dominicana, tres venezolanas, dos españolas y una colombiana)- han sido arrestadas en las provincias de A Coruña, Toledo y Alicante como presuntos integrantes de la organización delictiva y con labores concretas de captación, traslado y control de las víctimas.
Se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública.
Igualmente, se han realizado cinco registros domiciliarios en viviendas relacionadas con la estructura criminal, que también llegó a operar en Álava además de en las otras tres provincias mencionadas.
Fuentes consultadas por Efe han indicado que, ademas de documentación y otros efectos de interés, los agentes se incautaron en los registros de 200 gramos de cocaína y han precisado que la red obligaba a las mujeres a consumir esta droga para hacerlas mas dependientes de la organización.
En los registros fueron hallados numerosos comprobantes de envíos de dinero a terceros países que evidenciaban, por un lado, el ingente montante económico que a través de las víctimas ganaba la organización criminal, y por otro, el modus operandi que utilizaban para blanquear estos beneficios.
Todo comenzó en Toledo
La operación comenzó por otra anterior desarrollada en Toledo, en un piso donde fue localizada, entre otras, una víctima venezolana a la que los agentes de la UCO intentaron llegar para convencerla de que denuncie.
Pero la mujer, con un pasado "muy duro", según las fuentes, desconfiaba de los agentes y tenía mucho miedo a la organización, que, como suele ocurrir en los delitos de trata, amenaza a la víctima con represalias para sus familiares en el país de origen.
Finalmente, los agentes lograron convencerla con un argumento: su denuncia podía ayudar a otras mujeres a salir de esa situación de explotación. Y dio el paso.
Era octubre de 2019 y la Guardia Civil comenzó a investigar a esa red. La pandemia de la covid-19 estalló y la organización dejó que volvieran a su país algunas víctimas de las que controlaba.
Pese al confinamiento, algunos pisos donde se obligaba a las mujeres a ejercer la prostitución siguieron funcionado, como pudieron constatar los agentes.
Gracias a la denuncia de la venezolana, la UCO pudo desentrañar toda la trama, desde la captación hasta la explotación, y encajar todas las piezas del puzzle, y descubrir también cómo vivían las mujeres en condiciones muy duras.
Una cosa llamó la atención de los investigadores: las puertas estaban cerradas con candados por la parte exterior.
Para llevar a cabo la explotación, los tratantes publicaban anuncios en diferentes páginas de internet -más de 3.000 han cuantificado los investigadores-, para lo que utilizaban números de teléfono que obligaban a comprar a las propias víctimas.
La publicación de parte de estos anuncios se realizaba desde la República Dominicana.
El número total de víctimas detectadas y controladas por la red desmantelada asciende a más de treinta mujeres de distintas nacionalidades de Sudamérica, todas ellas en clara situación de necesidad y vulnerabilidad.