Almudena González, alcaldesa del Partido Popular en Almonacid de Toledo, tendrá que declarar el próximo jueves en calidad de investigada por un supuesto delito de coacciones. Lo hará en los juzgados de Orgaz, otra localidad vecina de la provincia de Toledo, después de haber sido denunciada por un grupo de okupas que, debido a la fuerte presión vecinal a la que se vieron sometidos, decidió abandonar las viviendas en las que poco antes se habían instalado de manera irregular.
"Esto es el mundo al revés", considera el abogado de la alcaldesa, Javier Gallego y Sánchez-Rollón, que en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM asegura no haber visto nada igual en los 30 años que lleva ejerciendo la profesión, puesto que su clienta "lo único que hizo fue poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha la situación que se estaba viviendo en el pueblo a raíz de las okupaciones y pedir una vivienda para estas personas".
Todo se remonta al pasado 3 de septiembre de 2021. Unos 300 vecinos de Almonacid, un pequeño pueblo que ronda los mil habitantes y que no cuenta ni con Policía Local ni con puesto de la Guardia Civil, se organizaron aquella noche de verano para dirigirse en masa hacia unas viviendas del municipio que habían sido okupadas días atrás. Su objetivo era que los moradores se marchasen de allí para preservar la pacífica convivencia y evitar el efecto llamada, ya que en la zona quedaban otras tantas casas deshabitadas.
Unidos, voceando y haciendo sonar sus cacerolas, tal y como contaron en directo varias cadenas de televisión, los almodacideños lograron echar a los okupas, pero antes se vivieron momentos de máxima tensión. La alcaldesa, que estuvo en el lugar de los hechos, declaró a los medios de comunicación que los vecinos habían sido recibidos con insultos, que habían sido atacados con objetos lanzados desde las viviendas y que hasta se había producido un intento de atropello. Sin embargo, fueron los okupas quienes denunciaron ante la Guardia Civil a varios de los participantes en la concentración, entre ellos la máxima responsable del Ayuntamiento.
"Ellos entienden que la alcaldesa les coaccionó e incluso dicen en su denuncia que amenazó con matarles, algo que no solo es absolutamente falso, sino que es una barbaridad", dice sin ocultar su indignación el abogado de Almudena González, que basará la defensa de su clienta en las imágenes grabadas por las televisiones allí presentes y en el atestado redactado por la Benemérita, que "ni muestran ni dicen nada contra la alcaldesa, que lo único que hizo en todo momento fue tratar de solucionar la situación por la vía legal y pacífica".
Además, Gallego y Sánchez-Rollón niega también que su representada fuese la instigadora de la protesta, tal y como sugieren los demandantes: "La gente se había movilizado a través de los móviles y de las redes sociales en la plaza Mayor. Mi clienta vive al lado y empezó a escuchar un murmullo. Cuando salió se encontró a cientos de personas que se dirigían de manera libre, espontánea y pacífica hacia las casas de los okupas".
La alcaldesa pidió ayuda
El letrado, para sostener sus afirmaciones, aportará ante la jueza de Orgaz la carta que la primera edil del Consistorio de Almonacid envió el 1 de septiembre, dos días antes de los hechos, al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca. En la misiva, Almudena González ya advertía de que la situación era de máxima tensión social y pedía colaboración a la autoridad competente para controlar el "clima de pánico" y "la alarma" que había cundido entre los vecinos al ver que, ante las okupaciones que se estaban sucediendo, "la Guardia Civil no podía hacer nada" y que se estaba generando un "efecto llamada".
"Para una población tranquila y pequeña como Almonacid de Toledo esto es una situación muy grave y puede empeorar, pero no disponemos de medios. Como alcaldesa temo por la seguridad de mis vecinos y siento una gran impotencia de no poder dar solución al problema, por lo que en virtud del principio de colaboración entre Administraciones públicas solicitamos cualquier forma cooperación para restablecer la situación, y que se aloje a estas familias en viviendas destinadas al efecto", finalizaba González en su escrito.
Pero no la alcaldesa no obtuvo respuesta alguna, según afirma el abogado, y la noche del 3 de septiembre los vecinos de Almonacid decidieron concentrarse para tratar de expulsar a los okupas por sus propios medios. "Mi cliente se ha sentido desamparada total y absolutamente. No se puede dejar a un pueblo solo ante un problema no solo social, sino de seguridad. Los ánimos estaban muy alterados y pudieron derivar en una tragedia. La alcaldesa, que se encontraba absolutamente desbordada, salió a ver qué ocurría y a tratar de mediar, pero de ahí a que las víctimas pasen a ser verdugos... Nos hemos quedado de piedra cuando hemos visto la citación", asegura el abogado.